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La demanda fue iniciada por la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, entre otros, en mayo de 2012 por las trabas que implicó entonces el paso de las licencias de importación no automáticas a las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) por parte del Gobierno, que buscaba así mantener el superávit comercial y reducir la salida de dólares.
Desde el Gobierno ya habían salido a minimizar el impacto de un fallo en contra de la OMC.
Pero en el ámbito privado, en cambio, estiman que el impacto negativo en las exportaciones podría ser de hasta US$5.000 millones. La OMC no aplica sanciones, pero si las pueden tomar sus miembros.
La Argentina aún puede apelar el fallo, que llega en un contexto internacional poco favorable, ya que se suma a los reveses que viene sufriendo el Gobierno en el conflicto con los holdouts y al consecuente default parcial de los bonos de los canjes de 2005 y 2010.
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