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El director general de la policía filipina, Ronald dela Rosa, afirmó durante una audiencia en el Senado que no había una política declarada de matar a drogadictos y traficantes y que se estaban investigando unas 1.100 muertes.
"No somos carniceros", aseguró el funcionario, y agregó que las otras 700 muertes se produjeron en operaciones policiales antinarcóticos.
La cifra de víctimas que entregó dela Rosa ante el Senado supera los 1.800 que informó en la audiencia que tuvo el lunes. El funcionario no explicó la diferencia, pero afirmó que las cifras estaban actualizadas.
Dela Rosa informó que casi 700.000 consumidores y traficantes se han entregado para escapar a la represión y que hubo un descenso en el crimen general, aunque los asesinatos y homicidios aumentaron.
La investigación del Congreso es dirigida por la senadora Leila de Lima, una acérrima crítica del presidente. La legisladora citó a los principales funcionarios policiales y antinarcóticos para que expliquen el incremento "sin precedentes" en las muertes y en los reportes de ejecuciones perpetradas por vigilantes.
Duterte, apodado "el Castigador", fue elegido tras su promesa de acabar con las drogas y advertir a los narcotraficantes que se arriesgaban a morir si no cambiaban su modo de vida.
El mandatario filipino ha advertido a los legisladores que no interfieran con la campaña y que podrían perder la vida si obstaculizan las iniciativas que apuntan a mejorar a Filipinas.
Un segundo funcionario del G7 confirmó que había señales de que Estados Unidos e Irán estaban cerca de firmar, pero también advirtió que avances diplomáticos anteriores no llegaron a concretarse
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