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En un contexto donde 17% del suelo peruano está concesionado a mineras, la presidenta electa ya garantizó el destrabe de proyectos
El gobierno de Keiko Fujimori recibirá a la minería con vientos favorables: la inversión trepó a US$6.248 millones en 2025 y en lo que va del año acumula US$1.500 millones; mientras que los precios de los metales como el cobre y el oro llegan a US$13.460 por tonelada y US$4.05 por onza, respectivamente. Su anunciada voluntad para destrabar proyectos genera una interrogante: ¿pueden los conflictos sociales y la minería ilegal frenar este auge?
Desde el Observatorio de Conflictos Mineros, OCM, recordaron que 30,5% de los conflictos sociales están en la macrorregión sur; en el centro, 27,4% y en el norte, 37.4%.
A la fecha, son 22.6 millones de hectáreas a nivel nacional concesionadas, similar a 17,6% del territorio peruano; pero advierten que el avance de la informalidad y la disposición para ejecutar proyectos a pesar del rechazo de comunidades campesinas y agrícolas podría agudizar los casos.
Además, la cartera de proyectos mineros activos trepó a 67, con una valorización total de US$64.000 millones
David Velazco, director de Fedepaz, indica que Tía María (Southern Perú, Arequipa) y Río Blanco (Zijin, Piura) pueden convertirse en un “conflicto presente” luego de que el Gobierno permitiera que el proyecto sureño empiece a ejecutarse y el norteño “pretenda ejercer la misma presión”, a pesar del rechazo de los agricultores de Tambo Grande.
Agregó que el proyecto El Algarrobo (Buenaventura, Piura) también “se está imponiendo a pesar del rechazo de la población” en consultas públicas y marchas.
Cabe añadir que en Piura 23,8% del territorio está concesionado a la minería, mientras que en Arequipa, la tasa es de 46,8%.
En líneas generales, de las 22 millones de hectáreas concesionadas, Apurímac tiene la mayor parte (76,5%), seguida principalmente por La Libertad (63,1%) y Áncash (55,1%).
Por otro lado, en regiones amazónicas, a pesar de su reducida participación en la inversión minera, el OCM observa que hay 6 conflictos sociales por mes en Amazonas: 2 de ellos vinculados a minería ilegal, quienes amenazan a las comunidades nativas en las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Marañón.
Un patrón similar padecen Ucayali y Loreto, donde “los ilegales estarían optando por devenir en titulares de las concesiones para tener un cierto respaldo legal”.
Mientras que en Cajamarca, cuyo terreno concesionado es de 25,9%, y La Libertad la violencia asociada a la minería informal se prolonga debido a la “debilidad institucional” y “estados de emergencia que no funcionan”, y que se replican en 21 regiones.
El OCM precisa que del total de conflictos sociales, 50,8% se relaciona con criterios socioambientales, de 66% al subsector minero, y poco más de 30%, con asuntos con el gobierno nacional, local y regional.
José de Echave, investigador de CooperAcción, señala que el incremento de las concesiones mineras y de las inversiones se alinea con el discurso “pro destrabe” de Keiko Fujimori para su quinquenio, lo cual se daría con la reducción de regulaciones y trámites, aunque alega que “se relajarían los controles ambientales y sociales”.
Estos criterios, junto al tenue respaldo electoral de Keiko Fujimori en la región sur, son para la OCM “un factor de alto riesgo” porque los proyectos “llegan a zonas que pueden generar un clima de rechazo y tensión social”.
Según De Echave, la nueva presidente tendrá que abrir una discusión a largo plazo sobre el modelo de gobernanza minera, debido a que los conflictos se agudizan, considerando que de las 22 millones de hectáreas concesionadas, solo 2 millones están en actividad y apenas 1% de los titulares maneja más de 50%. A esta ecuación se suman “las tensiones por la coexistencia de proyectos de ampliación y el crecimiento de la minería informal”.
“La minería seguirá siendo una actividad fundamental para el país, pero necesitamos discutir cómo queremos gestionarla durante los próximos 25 o 30 años (...) Se requiere una mesa de diálogo con participación de las empresas, comunidades y organizaciones de la sociedad civil”, acotó.
Ana Leyva, abogada especialista de CooperAcción, agrega que el Perú atraviesa una etapa decisiva porque en diciembre vence el plazo para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que convierte este semestre en un momento clave para definir la política frente a la minería informal, algo que debería ser prioridad en la agenda de la presidenta electa Keiko Fujimori.
El OCM concluye que “la presión” por acelerar la ejecución de proyectos mineros, sin atender las advertencias socioambientales, puede llevarnos otra vez a “repetir crisis ya vividas” por la falta de diálogo.
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