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Según esta información que fue recogida por la Revista Moneda del Banco Central de Reserva (BCR), la industria requerirá unas 14,000 hectáreas en Lima Metropolitana y la ciudad solo cuanta con 7,000 hectáreas.
Además se precisa que la SNI estima que actualmente en Lima Metropolitana existen unas 62,000 empresas manufactureras, que operan en áreas que van desde los 150 metros cuadrados hasta los 100,000 metros cuadrados.
“Entre los factores que obstaculizan la expansión industrial, la escasez de terrenos para el establecimiento de la industria aparece como una limitante principal”, señala el BCR.
La entidad monetaria recordó que la importancia de la actividad manufacturera en el Perú, que actualmente es el 16% del PBI, podría ser mayor como ocurre, por ejemplo en Corea del Sur (27% del PBI) o en Brasil (24% del PBI).
Por ello el BCR señala que dada la proximidad con Lima y con la existencia de terrenos subutilizados, Pisco y Chancay son potenciales ciudades industriales, sujetas a que se cuente con una adecuado proceso de pleneamiento urbano y zonificación liderado por el gobierno central.
Municipios dejarían de pedir estudios de impacto vial en edificaciones para dinamizar construcción Gestión
Como una forma de dinamizar el sector construcción en el Perú, el Gobierno busca que sea el gobierno central y no las municipalidades el responsable de la solicitud y evaluación de los estudios de impacto vial para edificaciones.
La propuesta fue presentada como parte del paquete de medidas para reactivar la economía que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el jueves último.
Según el proyecto de ley, lo que se busca es que sea el gobierno central sea el que regule este tema a través del Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de Regulación y Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.
De esta manera se evitará vacíos legales y dispersión de regulaciones en los gobiernos locales.
Esta decisión se toma porque a pesar que el Reglamento Nacional de Edificaciones establece la necesidad del estudio de impacto vial solo para algunas edificaciones, las municipalidades han aprobado ordenanzas por separado que regulan estos estudios.
Con esta regulación municipal los plazos para obtener la aprobación de estos estudios suben de 90 a 180 días, se exige planes de monitoreo posteriores a las edificaciones y cuando entra en operación hasta un año después.
Además las municipalidades multa con 0.5% del valor del proyecto si no se presnte un estudio del monitoreo y se da un silencio administrativo negativo sin fundamento legal.
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