Las empresas mineras de Perú dicen que pagarán este año récord en impuestos

Las mineras de Perú dijeron el martes que pagarán este año en impuestos dos veces más que en el 2020 por los altos precios de los metales y defendieron el actual esquema de tributos mientras el gobierno de izquierda planea elevar las tasas al sector clave.

Las empresas mineras, cuyas exportaciones suman el 60% de las ventas del país, pagarán este año en impuestos y regalías unos 12.000 millones de soles (2.950 millones de dólares), un récord histórico, dijo la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y Petróleo (SNMPE), en un comunicado.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, afirmó que con la actual coyuntura positiva de precios se prevé además que el sector minero podría pagar en impuestos hasta unos 85.000 millones de soles entre los años 2022-2026, lo que significaría más de 2,5 veces de lo recaudado en quinquenios previos.

Este aporte refleja que "el actual régimen tributario minero es sumamente beneficio, dado que logra captar la mayor recaudación tributaria durante todo el periodo de vida de una mina, sin impactar negativamente la competitividad del sector", manifestó de la Flor en el comunicado del gremio.

El gobierno del socialista Pedro Castillo, que asumió al poder a fines de julio, planea aumentar los impuestos mineros en busca de mas fondos y financiar programas sociales para ayudar a los pobres de Perú, el segundo productor mundial de cobre.

El ministro de Economía de Perú, Pedro Francke, dijo el lunes en una entrevista con Reuters que el gobierno de izquierda confía en poder aumentar los impuestos a la minería sin afectar la competitividad del sector privado, siempre y cuando los precios de los metales se mantengan altos.

De la Flor de la SNMPE manifestó que el régimen tributario vigente es considerado como un buen esquema por expertos "debido a su progresividad, ya que permite que las empresas mineras paguen más cuando su rentabilidad es mayor".

El dirigente empresarial afirmó que el problema es la limitada capacidad del Estado para concretar inversiones con el fin de cerrar brechas sociales, pues solo se ejecutaron en promedio un 61% de todos los aportes mineros por impuestos.