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La Ocde era partidaria de que sólo queden excluidas las multinacionales de las industrias extractivas del gas, minería o petróleo
La Ocde cifra en US$100.000 millones anuales el efecto de la tasa a las multinacionales que impulsa. Así lo ha medido la Organización, después de que los pasados 29 y 30 de enero 137 jurisdicciones se manifestaran a favor de su propuesta de gravar a multinacionales de todos los sectores en una economía digital allí donde generen valor aunque no tengan presencia física. Su estudio sobre los efectos de su iniciativa, que consta del Pilar I y el Pilar II, concluye que la tasa incrementará la recaudación un 4%, los citados US$100.000 millones (unos 93.000 millones de euros) y que 100 multinacionales de las 27.000 empresas afectadas aportarán más de la mitad de dicha cantidad.
Asimismo, calcula que el efecto será similar para las Agencias Tributarias de todas las jurisdicciones, aunque sus economía sean sean más o menos fuertes. Eso sí, en su Pilar II, la Ocde ya advertía de que habrá ganadores y perdedores: los países con tipos medios y altos, el caso de EE.UU., la mayoría de la UE o China, saldrán ganando, y los hubs fiscales que compiten con su baja tributación, por ejemplo, Irlanda, Suiza o Singapur, perderán.
La tasa afecta a las multinacionales con una facturación mundial de más de 750 millones de euros. La Ocde era partidaria de que sólo queden excluidas las multinacionales de las industrias extractivas del gas, minería o petróleo, y tras el cónclave del pasado enero, decidió excluir a la banca mayorista y se inclinó por hacer lo propio con la minorista.
La aprobación de esta propuesta para combatir las estrategias de planificación fiscal agresiva de las multinacionales y adaptar la fiscalidad internacional a los desafíos de la digitalización es un paso significativo, ya que hasta ahora se habían analizado proyectos que se centraban sólo en el sector digital que no habían generado un consenso completo.
EE.UU. ha ido el gran impulsor de una tasa que grave a todas las multinacionales y que no se centre sólo en las grandes tecnológicas. En enero la Ocde analizó la nueva postura de Estados Unidos de que la adhesión al impuesto sea voluntaria para las empresas, una posibilidad que el resto de países rechazan, y dijo que la analizará en último lugar.
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