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La infanta Cristina es acusada de fraude fiscal y de lavado de dinero

martes, 7 de enero de 2014
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Reuters

Un juez español acusó a la infanta Cristina, hija menor del Rey Juan Carlos, de fraude fiscal y lavado de dinero, lo que posiblemente allane el camino para un juicio sin precedentes contra un miembro de la familia real, dijo el martes el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Luego de una extensa investigación, el magistrado de Palma de Mallorca José Castro señaló en un dictamen de 200 páginas que había evidencia de que Cristina, de 48 años, había cometido delitos y la citó para comparecer ante la corte el 8 de marzo.

El esposo de la princesa, el ex jugador de balonmano Iñaki Urdangarin, ha sido acusado de fraude, evasión fiscal, falsificación de documentos y delito contra la Hacienda Pública por desviar unos US$8 millones de fondos públicos a través de su fundación benéfica.

Tanto la infanta como Urdangarin niegan los cargos.

El caso es uno de los muchos escándalos de corrupción de alto nivel que han minado la fe en las instituciones públicas en España, en momentos de una grave crisis económica caracterizada por profundos recortes en el gasto oficial.

La imagen de la familia real, en particular, se ha desplomado a su nivel más bajo de la historia.

Un sondeo de la firma Sigma Dos publicado el 5 de enero mostró que más de 83% de los españoles cree que la familia real ha manejado erróneamente el caso Urdangarin y una cifra sin precedentes de 62% quiere que el alguna vez popular rey Juan Carlos abdique.

El juez Castro, que inició su investigación sobre la pareja real hace tres años, ha tenido problemas para concretar las acusaciones contra la infanta Cristina.

En abril de 2013, el juez dictaminó que había evidencia de que la infanta había colaborado con Urdangarin. Un tribunal superior desestimó esos cargos en mayo, bajo el argumento de que la evidencia no era suficiente, pero le dio a Castro más tiempo para investigar una acusación de fraude fiscal.

Con estos nuevos cargos, Castro fue contra las recomendaciones del fiscal anticorrupción del caso, quien en diciembre argumentó que no había evidencia de que Cristina haya cometido delitos.

En España, el fiscal y el juez de un caso llevan a cabo investigaciones paralelas y pueden estar en desacuerdo sobre los procedimientos.

Se espera que la infanta apele los cargos y que éstos vuelvan a ser retirados, o que se le de al juez un lapso de varios meses para llevar finalmente el caso a juicio.

Durante todo el proceso de investigación, la infanta y su marido han dejado de tener apariciones públicas. Cristina y los cuatro hijos del matrimonio se trasladaron a Ginebra, donde ella trabaja para la Fundación La Caixa, mientras su marido permanece en España.

El caso se centra en la Fundación Noos de Urdangarin, quien está acusado de usar sus poderosas conexiones para obtener contratos públicos en Mallorca y otros lugares de España.

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