La construcción en Panamá se estancó en 2025, pero se espera un repunte para 2026

El sector de la construcción en Panamá cerrará 2025 con un comportamiento muy similar al del año anterior, lo que confirma un escenario de estancamiento. Aunque la economía del país mantiene un ritmo de crecimiento cercano a 4% del PIB, la actividad constructora no logró acompañar esa dinámica, debido a una combinación de paralizaciones de obras residenciales, ajustes operativos en las empresas y retrasos administrativos, especialmente durante la primera mitad del año, cuando aún no se definía el futuro de la reforma a la Ley de Interés Preferencial.

Así lo explicó el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Capac, Alejandro Ferrer Solís, quien señaló que el sector ha tenido un comportamiento cíclico y moderado, sin mostrar una expansión significativa frente a 2024. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Inec respaldan que mientras el PIB acumulado al primer semestre de 2025 creció de forma preliminar 4,3%, la construcción apenas logró mantenerse en niveles similares al año anterior.

El freno en la actividad se vio acentuado por varios factores. Entre abril y mayo se registraron paralizaciones laborales y ajustes operativos que interrumpieron el avance de proyectos, afectaron la cadena de suministro y redujeron la productividad. A esto se sumaron retrasos del Estado en el pago de obligaciones asociadas a los créditos fiscales del interés preferencial, lo que generó presiones de liquidez sobre promotores, contratistas y entidades bancarias. Además, la acumulación de morosidad en los incentivos a la vivienda limitó la reanudación plena de proyectos habitacionales y comerciales.

Pese a este panorama, Ferrer indicó que hacia el tercer trimestre se comenzaron a ver señales de cambio, luego de que la Asociación Bancaria de Panamá confirmara la reactivación del financiamiento para viviendas bajo el esquema de interés preferencial. Esto permitió que varios proyectos, detenidos desde 2024 y parte de 2025, retomaran su curso. No obstante, advirtió que cualquier nueva propuesta de incentivos para el mercado de viviendas usadas debe evaluarse con cuidado, dado que los recursos fiscales son limitados y se requiere asignarlos con criterio de sostenibilidad.

En cuanto a la obra pública, el dirigente gremial señaló que, pese a las restricciones presupuestarias, el Estado ha mantenido inversiones en sectores como salud, educación, vialidad, transporte y vivienda social. Subrayó, sin embargo, que es urgente mejorar la coordinación entre instituciones para garantizar servicios básicos como el suministro de agua potable, un requisito clave para habilitar nuevos desarrollos inmobiliarios.

Las cifras oficiales también muestran una contracción en la inversión del sector. Entre enero y septiembre de 2025, el valor total de las construcciones y reparaciones, tanto residenciales como no residenciales, cayó 2,1%, al pasar de US$743 millones en el mismo periodo de 2024 a US$727 millones. De ese total, unos US$454 millones correspondieron a construcciones residenciales, una disminución de 12,4% frente a los 518,95 millones registrados en igual lapso del año anterior.

Por regiones, la caída fue aún más marcada. El valor de las construcciones residenciales se redujo 65,9% en Colón; 63,6% en el conjunto de Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago; y 82,7% en Arraiján. Esta contracción refleja el fuerte impacto que tuvieron las indefiniciones sobre la Ley de Interés Preferencial y la suspensión parcial de los créditos hipotecarios subsidiados a mediados de año.

De cara a 2026, Ferrer proyecta un mejor desempeño del sector, impulsado en gran parte por los proyectos bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP), especialmente en infraestructura vial y obras estratégicas para la competitividad del país. Iniciativas como la Panamericana Este y la futura Panamericana Oeste son vistas como oportunidades concretas para reactivar la inversión y generar empleo. No obstante, el líder gremial subrayó que Panamá aún enfrenta retos importantes para desarrollar plenamente este esquema, como la modernización de los procesos administrativos, la digitalización institucional y una mayor coordinación entre entidades públicas.

Finalmente, insistió en que el cumplimiento oportuno de los pagos por parte del Estado es fundamental para devolver la confianza al sector y garantizar que las APP se ejecuten de forma eficiente y sostenible. También expresó la importancia de que el marco legal permita una participación más activa de las empresas panameñas en estos proyectos, ya sea de manera directa o mediante consorcios, considerando que muchas de las obras adjudicadas superan los US$250 millones, un monto elevado para empresas del tamaño del mercado local.