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Vista general de lingotes de oro almacenados
Al menos 16 de las 24 provincias ecuatorianas están presentando actividad minera no autorizada asociada a varios grupos criminales
Según el medio ecuatoriano Primicias, la Cámara de Minería del Ecuador, CME, expresó su preocupación ante la reciente decisión del Gobierno de Daniel Noboa de aplicar una nueva tasa de fiscalización al sector minero, medida con la que se busca recaudar alrededor de US$229 millones al año para financiar estrategias de seguridad.
Según Carolina Orozco, presidenta del directorio de la CME, esta contribución adicional —cuyo monto dependerá de factores como la extensión de terreno concesionado— impactará de forma negativa, sobre todo en la fase de exploración, considerada clave para el desarrollo de nuevos proyectos.
Orozco alertó que el país ya enfrenta un contexto crítico en relación con la minería ilegal, en el que organizaciones delictivas han extendido su influencia. Basada en datos oficiales, afirmó que al menos 16 de las 24 provincias ecuatorianas presentan actividad minera no autorizada asociada a grupos criminales.
“Estamos hablando de una situación muy grave: entre 50 % y 60 % del oro que se exporta desde Ecuador proviene de fuentes ilícitas, lo que representa cerca de US$1.300 millones”, señaló.
También mencionó que diversas estructuras criminales operan en distintas regiones del país. En el norte, por ejemplo, actúan Los Tiguerones y los Comandos de la Frontera —dicidentes de las Farc—, mientras que en el sur se ha detectado la presencia de Los Lobos, organización que se ha fragmentado en facciones enfrentadas por el control de zonas mineras estratégicas.
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