Redes sociales piden cautela ante los primeros datos sobre el veto a menores en Australia

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Las principales plataformas de redes sociales han instado al Gobierno australiano a no dar demasiada importancia a los primeros datos que indican que la mayoría de los menores siguen utilizando sus productos a pesar de la histórica prohibición para menores de 16 años, mientras los legisladores barajan sanciones más severas y mayores competencias de investigación para los organismos reguladores.

Los responsables locales de Google (propietaria de YouTube), Meta (propietaria de Facebook e Instagram), Snapchat y TikTok comparecieron ante una comisión de investigación del Senado, mientras los legisladores les presionaban con múltiples estudios —entre ellos, los del regulador de internet de Australia— que mostraban que alrededor de 80% de los menores seguían utilizando las redes sociales meses después de que la prohibición entrara en vigor en diciembre.

La audiencia puso de manifiesto una división persistente entre los legisladores y las grandes empresas tecnológicas sobre si la prohibición está surtiendo efecto, en un momento en el que la Comisionada de Seguridad Digital está considerando emprender acciones legales contra algunas plataformas, acusándolas de retrasar deliberadamente el cumplimiento de la normativa para disuadir a otras jurisdicciones de seguir su ejemplo.

La comisionada Julie Inman Grant dijo ante la comisión de investigación que los datos de marzo indicaban que las plataformas "no estaban logrando impedir la creación y la recreación de cuentas", pero insistió en que la prohibición estaba dando los primeros indicios de que funcionaba, citando un ligero descenso en el número de cuentas de menores.

"Estamos observando un cambio, pero hay que darle tiempo", afirmó Inman Grant.

"Una vez que comience la aplicación activa de la normativa será cuando el comportamiento empiece a cambiar."

La comisión de investigación está examinando enmiendas que duplicarían las sanciones máximas hasta los 99 millones de dólares australianos (US$64 millones) y ampliarían las competencias de la comisionada para exigir información y documentos a las plataformas y a sus proveedores externos de verificación de edad durante las investigaciones.

"Es un momento concreto, estamos en una fase muy temprana, y advertimos que no hay que confiar excesivamente en ello", dijo ante la comisión de investigación Rachel Lord, responsable de relaciones gubernamentales de YouTube, señalando que los últimos datos de cumplimiento publicados por el Gobierno databan de marzo.

La tecnología de verificación de la edad se había desarrollado en gran medida en torno a la edad límite de los 18 años, que muchas jurisdicciones consideran la transición de la infancia a la edad adulta, y "las tecnologías que utilizamos para detectar a los usuarios en el límite de los 16 años están evolucionando", añadió Lord.

Mia Garlick, directora de políticas públicas de Meta en Australia, señaló que los datos en los que se basaba la investigación podrían no reflejar si los usuarios menores de edad tenían una cuenta, aunque afirmaran utilizar la plataforma.

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"Puede haber diferencias entre las personas que acceden a la plataforma y las que tienen una cuenta", dijo ante la comisión de investigación.

"A veces, los datos de las encuestas plantean dificultades a la hora de contrastar lo declarado con lo revelado."

Meta publicó unas cifras el día anterior que mostraban que había desactivado 756.000 cuentas de Instagram y Facebook sospechosas de pertenecer a usuarios menores de edad, frente a las aproximadamente 500.000 de marzo. Lord, de YouTube, señaló que Google ha impedido a unos 740.000 titulares de cuentas de Google utilizar sus cuentas para acceder a YouTube.

Jessica Loftstedt, directora de políticas públicas de TikTok en Australia, afirmó que los esfuerzos de la empresa por cumplir la normativa constituían un "proceso iterativo". La empresa había eliminado 550.000 cuentas cuando entró en vigor la ley y, desde entonces, había estado eliminando unas 24.000 al mes.