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El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso una orden por la que podría hacerse con el control de YPF al declarar de 'utilidad pública' el 50,01% de la compañía energética. Desde España el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,advirtió a Argentina de que estos 'gestos de hostilidad' tendrán 'consecuencias'.
Aunque en un principio la intención de Argentina es negociar un precio de venta con los actuales titulares, de momento el proyecto habilita a la Procuración para que inicie el juicio de expropiación de la petrolera.
La orden enviada por el Gobierno argentino al Congreso señala que 'la valuación -del precio de las acciones de YPF- será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía'. 'El Poder ejecutivo procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación el valor y la forma' en que se efectuará el pago y añade que dichos acuerdos deberán ser refrendados de forma eventual por el Congreso de la Nación. En caso de que no se alcance un acuerdo se establece que se 'promoverá el juicio de expropiación respectivo'.
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