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Y es que con el objetivo de buscar dinero adicional para enfrentar el escándalo de corrupción que tiene contra las cuerdas a Temer, JBS acordó la venta de sus unidades en Argentina, Paraguay y Uruguay a su rival Minerva SA por US$300 millones.
Horas después del cierre de la rueda accionaria local, el Tribunal Electoral de Brasil (TSE) daría comienzo al juicio que podría anular su victoria como compañero de fórmula por el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb) de Dilma Rouseef en las últimas elecciones y que lo podría dejar fuera del poder como a su antigua compañera, destituida el año pasado.
En ese hipotético caso, sería el presidente de la Cámara de Diputados (cámara baja), Rodrigo Maia, quien asumiría las riendas y el Congreso tendría 30 días para elegir un mandatario interino que lidere Brasil hasta las elecciones de 2018, período en el que habría finalizado Rousseff.
Este proceso, que fue suspendido el pasado 4 de abril para escuchar a nuevos testigos, tiene programadas cuatro sesiones hasta el viernes, aunque debido a su elevada complejidad no se ha establecido un plazo límite para el fallo.
Pero eso no es todo, pues el presidente interino Temer también enfrenta otro escándalo más desde que hace tres semanas un diario carioca denunciara que habría aprobado sobornos para silenciar a un testigo en una investigación de corrupción por el caso Lava Jato.
En el video, que dice tener el medio O Globo, se escucha al presidente dar la orden de autorización para comprar el silencio del exdiputado Eduardo Cunha, preso desde marzo del año pasado por corrupción. Tras la revelación, la Corte Suprema de Brasil aprobó una investigación por obstrucción a la justicia en contra del mandatario.
Desde ese día, la plaza bursátil brasileña ha registrado una caída consecutiva de más de 9%, se ha aumentado el descontento en las calles y se teme por la recuperación económica del país en unos momentos en los que como apunta Reuters, las reformas, particularmente una revisión del costoso sistema de pensiones, son cruciales para achicar un gran déficit presupuestario que le costó a Brasil perder su nota crediticia de grado de inversión en 2015 y para ayudar a sacar a la mayor economía latinoamericana de la peor recesión de su historia.
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