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Infraestructura e impuestos frenan la minería colombiana

sábado, 8 de marzo de 2014
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Cynthia de Benito

Colombia tiene enormes reservas de carbón, níquel y oro que constituyen el segundo foco de interés para inversionistas extranjeros tras el petróleo y, sin embargo, pone trampas en su propia casa a través de impuestos excesivos, infraestructura deficientes y un sistema normativo que hace que explotadores mineros extranjeros definan el proceso de licencias como “una historia de terror” que en ocasiones consigue ahuyentarles.

Así lo destaca un informe de Frasier Institute sobre la situación del sector minero en el mundo. El país se sitúa en el puesto 62 de un total de 112 países dentro de un ránking que mide el atractivo inversionista combinando los factores “regulación política” y “calidad geológica del suelo”. Le superan Chile, Perú y México; todos con enorme potencial y mayores facilidades a la entrada de capital.

“La infraestructura hay que acometerla ya porque es un problema nacional”, afirmó Pedro Carmona, director del Instituto de Hidrocarburos, Minas y Energía de la U. Sergio Arboleda.

Hasta en 43% se ve desmotivada la inversión por este factor, que engloba a carreteras con deficiencias y escasas redes ferroviarias.

“Uno ve que a pesar del gran interés en Colombia no se han producido proyectos nuevos. Contamos sólo con las licencias existentes”, lamentó Guillermo Perry, ex ministro de Hacienda, quien presentó la semana pasada un estudio en la Universidad de los Andes sobre las posibilidades del sector.

A su juicio, el principal problema es que “no existe coordinación entre los ministerios de Minas, Medioambiente e Interior, y eso genera una incertidumbre enorme sobre las reglas del juego”.

El código minero, que será reformado dentro en los próximos meses, fue recientemente objeto de duras críticas por parte de Luis Jorge Garay, Ph.D en Economía del Instituto Tecnológico de Massachussets, que en entrevista con LR aseguró que el Gobierno “se metió en un negocio sin tener la institucionalidad debida para manejarlo”.

Para Carmona, el problema normativo se divide en la consulta previa a comunidades étnicas y licenciamiento mediambiental.

“Estamos en uno de los nucleos de interés y se ha dinamitado su fuerza inversionista”, añadió este experto. Los elementos que él describe, que se consideran como barreras al comercio, demotivan al inversionista en 36%, mientras que el régimen de impuestos supone 46%.

“En algunas actividades mineras es un régimen obsoleto, se cobran impuestos en base a beneficios sin tener en cuenta costos de producción”, critica Perry.

“Todos los gremios ven un debilitamiento en la inversión”, asegura por su parte Carmona, que estando desaprovecha aportó a la economía colombiana US$2.318 millones en minas y canteras durante el último trimestre de 2013, según datos facilitados por la Agencia Nacional de Minas (ANM).

El informe sostiene que, de mejorar estas rémoras, Colombia podría mejorar 49%, el mayor porcentaje de oportunidad tras Bolivia y Ecuador. Voceros de la ANM, por su parte, aseguraron se está trabajando en “una nueva fiscalización minera, la creación de una plataforma para recibir solicitudes mineras, transformar del actual catastro minero, un registro de comercializadores y el pago de regalías on line “.

El FMI advierte sobre caída de precios
La posibilidad de una caída generalizada de precios en las materias primas ha sido recientemente expuesta por el Fondo Monetario Internacional a través de su subdirector gerente, Naoyuki Shinohara, que dijo en Uruguay que “los países en desarrollo han estado disfrutando de dinero fácil con los altos precios de las materias primas”, pero que esa tendencia estaba por acabar.

El mensaje es especialmente pertinente en Latinoamérica, cuya economía se apoya fuertemente en este sector.

Las opiniones

Guillermo Perry
Ex ministro de Hacienda

“No hay vías muy claras que expliquen la forma en la que se expiden las licencias y se producen demoras que convierten al proceso en algo tortuoso y kafkiano”.

Pedro Carmona
Director inst. de hidrocarburos U. Sergio Arboleda

“Tiene que haber regulaciones para medio ambiente y comunidades étnicas, pero estas tienen que relacionarse con la operabilidad de las inversiones”.

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