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Se habría ocasionado excesiva rigidez que crea sobrecostos que podrían llevar a la quiebra a las empresas, opinan expertos

Diario Gestión - Lima

Desde el 16 de marzo hasta el final de setiembre de este año, es decir durante la pandemia, el Congreso, el Gobierno central y los municipios van emitiendo, en conjunto, 198 normas con efectos laborales, contenidas en más de 1,600 páginas, según el Ministerio de Trabajo (MTPE).

Además, se emitieron protocolos y criterios no contabilizados por el MTPE que rigen sobre distintos sectores y entidades. En la práctica, se ha emitido una norma laboral por cada día del año.

De acuerdo a Christa Caro, asociada del estudio Amprimo, en un año regular completo solo se emiten alrededor de 20 normas con implicancias laborales, por lo que el Gobierno ha multiplicado por 10 su iniciativa legislativa laboral este año.

En opinión de Caro, “somos uno de los países con más normas laborales aprobadas para afrontar la situación actual de crisis sanitaria y, sin embargo, los resultados.

La excesiva rigidez de las normas emitidas durante la crisis generada por el coronavirus dificultó la subsistencia de diversas empresas, en contraste con otros países, donde legislación más permisiva ha tenido efectos beneficiosos, afirman expertos.

“Esta normativa, mal hecha y mal ejecutada, ha causado altos índices de desvinculación y mayor informalidad”, indica Percy Alache, director del área laboral de PwC. “Si antes era difícil que una empresa piense en formalizarse, con las nuevas exigencias vigentes, no lo podrán hacer”.

Rigidez

“Si hacemos un ranking de normas emitidas durante el covid, el Perú ha tenido las normas más rígidas”, comenta al respecto Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.

Toyama señala que, a diferencia de otros países, como Chile, por ejemplo, donde se implementaron “sistemas de aprobaciones automáticas de suspensiones perfectas de labores con subvenciones estatales”, el Perú creó procedimientos con demasiadas exigencias, llevando a un gran número de solicitudes desaprobadas y, por ende, ocasionando sobrecostos laborales insostenibles, por lo que hoy los empleadores deben recurrir a ceses colectivos.

“Y si el ministerio ahora no aprueba los ceses colectivos, veremos a muchas
empresas yéndose a la quiebra”, agregó.

“Somos el único país que le ha dicho al empresario privado que debe pagar el 100% del sueldo de los trabajadores en grupos de riesgo, y que no pueden ser
suspendidos”, anota Toyama, mientras que en otros países el Estado subvencionó el pago de trabajadores con riesgo al covid.

Contradictoria

Por otro lado, la normativa emitida es contradictoria entre sí, según los expertos. “Ya no sabemos qué norma aplicar,” comenta Caro, indicando que incluso abogados que revisan la norma de manera diaria terminan “teniendo que revisar las normas emitidas de marzo a octubre para saber cómo tratar ciertos temas”.

Brian Avalos, asociado del estudio Payet, comenta que las personas “no solo tienen que estar atentas a las normas, sino también a los cambios de criterios
interpretativos que solo se han dado de manera verbal en conferencias de prensa y nunca quedan escritos”, por lo que hay varias dudas acerca de qué norma está vigente y cómo debe interpretarse.

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