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Los agentes acudieron además al Ministerio de Transportes y a las instalaciones de Adif y la Dirección General de Carreteras
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en España están realizando desde esta mañana diversas diligencias en la sede del Psoe de la calle Ferraz de Madrid y en la sedes de Adif, el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedió hoy a la sede del Psoe, en la calle Ferraz, a petición del Tribunal Supremo, para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, investigado por adjudicaciones presuntamente irregulares.
Los agentes acudieron, además de a Ferraz, al Ministerio de Transportes y a las instalaciones de Adif y de la Dirección General de Carreteras para requerir la información que les solicitó el juez del Alto Tribunal Leopoldo Puente, informa Efe a partir de fuentes próximas a la investigación.
El instructor autorizó hoy una serie de diligencias relacionadas con el 'caso Koldo', entre ellas la recuperación del correo corporativo de Cerdán, y en el resto de las instituciones en las que la UCO esta realizando pesquisas se buscan los contratos de posibles adjudicaciones irregulares de obra pública, informa Servimedia.
Fuentes socialistas señalaron a Europa Press que el juez ordenó al Psoe que facilite el acceso a la policía judicial y también reclamó al Ministerio de Transportes que aporte el correo del exministro de dicha cartera José Luis Ábalos.
No se trata de registros sino de requerimiento de información, apuntan fuentes de Efe, ya que el magistrado del Supremo, en un auto conocido este viernes, rechazó la petición formulada por las acusaciones populares de registrar la sede del Psoe y el despacho de Cerdán al tratarse de una medida "limitativa de derechos" que no sería útil en este momento. Fuentes de Transportes reiteraron a Efe su "máxima disposición" a colaborar con la investigación.
En un auto dictado este mismo viernes, el instructor requiere al Psoe que permita a los agentes "la entrada en sus instalaciones para proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa" de Cerdán. Asimismo, reclama que entregue a la UCO "cualquier otra cuenta de correo que pudiera hallarse" y que haya sido "empleada exclusivamente" por el exdirigente socialista.
El magistrado adoptó esta decisión al haber acordado formalmente la imputación de Cerdán, que ya no goza del aforamiento tras renunciar a su escaño como diputado el pasado lunes; todo ello después de que trascendiera el contenido del informe de la UCO que le sitúa en el epicentro de una presunta trama de amaños de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones.
El magistrado también requiere a Adif que envíe al Supremo -en un plazo de 15 días- documentación relativa a la adjudicación de cinco obras: una en Sant Feliú de Llobregat (Cataluña), por US$59,6 millones; dos en Murcia, por US$183,1 millones y US$139,6 millones; una en Monforte (Galicia), por US$1,6 millones; y otra en Asturias, valorada en US$682.728.
Asimismo, reclama a la Dirección General de Carreteras que facilite documentación relativa a la adjudicación de seis obras: una en Logroño (La Rioja), por US$106,5 millones; una en Sevilla (Andalucía), por importe inicial de US$82,3 millones que luego se amplió hasta los US$118,5 millones; una en Asturias, por US$8,42 millones; una en Úbeda (Andalucía), de la que no se precisa importe; una en Teruel, por US$6,5 millones; y una en la autovía A-12 en el tramo entre La Rioja y Burgos, por US$83,4 millones.
Se trata de las adjudicaciones señaladas por la UCO en su informe del 5 de junio. Según los agentes, dichos contratos fueron otorgados a Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.
"De no encontrarse en su poder todo o parte de dicha documentación, deberá indicarse el órgano concreto en el que se hallen", explica el instructor a Adif y Carreteras.
Según precisa, dicha información "deberá ser aportada en formato digital (copia auténtica), debiendo incluirse en ella la totalidad de los informes, estudios, dictámenes, observaciones, propuestas de redacción, fuesen o no preceptivas, en forma que permitan identificar al funcionario que los emitió, así como órdenes, comunicaciones y contestaciones efectuadas por cualquier medio entre los distintos intervinientes".
Asimismo, el magistrado les reclama que aporten las actas de reuniones y el listado completo de las actuaciones con sus responsables.
La llegada de Cerdán al procedimiento tiene lugar a raíz del informe en el que la UCO sitúa a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública. Según los agentes, su protagonismo varió: menguando primero, para "gestionar pagos" a Ábalos y a Koldo -solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a US$714.956-; para finalmente volver a ascender.
La UCO llama la atención sobre "la discrecionalidad con la que se adjudicaban obras en el Ministerio de Transportes" y, en concreto, le "resulta de especial relevancia" que Ábalos ordenara a Koldo que "hablara con Santos antes de decidir nada", cuando "éste no ostentaba cargo alguno dentro del Gobierno".
En esa nueva tesitura, Cerdán habría quedado relegado a "gestionar pagos". La Guardia Civil da detalle en su informe de algunas de estas "contraprestaciones económicas". En concreto, las "dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Cerdán, ascenderían a US$714.956, si bien a criterio de Koldo aún quedarían US$518.919 pendientes de abono".
En el mismo auto, de 47 páginas, el magistrado requiere al ministro de Transportes, Óscar Puente, "para que imparta las órdenes oportunas al efecto de que se facilite a los agentes (..) el acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa de uso personal exclusivo" de Ábalos. El instructor considera que dicha medida es "conveniente y necesaria" y no había sido acordada hasta la fecha.
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