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La demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, solicitó al juez que dictara una orden para bloquear la política, que entró en vigencia el 21 de enero
Un grupo de organizaciones de derechos civiles demandó el lunes al Departamento de Estado por su reciente suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, argumentando que la política "socavó décadas de legislación migratoria consolidada".
La demanda, presentada en un tribunal federal de Manhattan, solicitó al juez que dictara una orden para bloquear la política, que entró en vigencia el 21 de enero.
La demanda afirma que la política del Departamento de Estado "se basa en una afirmación sin fundamento y demostrablemente falsa de que los nacionales de los países afectados emigran a Estados Unidos para beneficiarse indebidamente de las ayudas sociales en efectivo y es probable que se conviertan en 'cargas públicas'".
El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
La demanda fue presentada por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración y otros grupos en nombre de una amplia gama de demandantes, entre los que se encuentran ciudadanos estadounidenses que afirman haber sido separados de sus familiares debido a esta política.
Otro demandante es un endocrinólogo colombiano al que se le concedió un visado por motivos laborales, pero que no puede recibirlo porque Colombia es uno de los países sujetos a la política.
La pausa ha afectado a solicitantes de países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Uruguay, balcánicos como Bosnia y Albania, naciones del sur de Asia como Pakistán y Bangladesh, y otras de África, Oriente Medio y el Caribe.
La política del Departamento de Estado no afecta a los visados de visitante de Estados Unidos, que han sido objeto de atención dada la celebración del Mundial de fútbol este año y los Juegos Olímpicos de 2028.
Un cable del Departamento de Estado en el que se describe la medida y al que ha tenido acceso Reuters afirma que el Departamento está llevando a cabo una "revisión completa" de todas las políticas, reglamentos y directrices para garantizar "el más alto nivel de selección y control" de todos los solicitantes de visados estadounidenses.
El cable, enviado a las misiones diplomáticas estadounidenses, afirma que los solicitantes de los 75 países afectados "corren un alto riesgo de convertirse en una carga pública y de recurrir a los recursos de los gobiernos locales, estatales y federales de Estados Unidos".
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