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Rubén Rocha solicitó al Congreso de Sinaloa una separación temporal e indefinida del cargo, luego de retomar sus funciones y recibir cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Morena
El gobernador del estado mexicano Sinaloa, Rubén Rocha, acusado por Estados Unidos de narcotráfico, solicitó el sábado nuevamente una licencia temporal para separarse del cargo, en medio de críticas por haber retomado sus funciones el viernes en un gesto desafiante.
El regreso de Rocha, que se había separado por primera vez del puesto en mayo, no fue bien recibido ni por la presidenta Claudia Sheinbaum ni por el partido oficialista, Morena, que en la víspera lo acusó de anteponer sus intereses a los del país.
"Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo", escribió Rocha en un mensaje en X, acompañado de una imagen de la carta fechada el sábado y dirigida al congreso del estado del noroeste mexicano, pidiendo "licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días".
Horas antes, la mandataria había advertido en un mensaje en la misma red social que ningún interés personal puede estar por encima del nacional. "México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna", afirmó.
La postura de Rocha, de 77 años, amenazaba con profundizar las tensiones entre México y Estados Unidos, y posiblemente causó tiranteces dentro de Morena. El gobernador, quien ha negado haber cometido algún delito, dijo que regresaba "con la frente limpia y en alto", al anunciar su polémica decisión el viernes.
En abril, fiscales estadounidenses acusaron a Rocha y a otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios de conspirar con una facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, ayudándola a traficar drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La medida de Washington marcó una rara expansión de las acciones contra los cárteles más allá de los capos de la droga, al incluir a un político mexicano de alto rango en funciones. Rocha ha descrito el caso estadounidense como un ataque políticamente motivado contra el movimiento de Sheinbaum.
El Gobierno mexicano había declarado anteriormente que Washington no había proporcionado pruebas suficientes para justificar el arresto o la extradición del gobernador, aun cuando su administración abrió su propia investigación.
Reuters reportó el año pasado que Washington había revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos.
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