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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum
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El mandatario estatal había sido acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, señalamientos que ha negado
La presidenta de México dijo el sábado que ningún interés personal puede estar por encima del del país y criticó la "ambición desnuda" de poder de algunos servidores públicos, un día después de que el gobernador del estado Sinaloa regresara a su cargo tras ser acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
La postura de la mandataria, que hasta ahora no se había pronunciado sobre la acción del gobernador Rubén Rocha, miembro del partido gubernamental Morena, está en la línea con la expresada en la víspera tanto por la agrupación oficialista, como por la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior).
"Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación. Y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder", afirmó Sheinbaum en su cuenta de X.
"México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la Nación es eterna", añadió.
La decisión de Rocha, de 77 años, amenaza con profundizar las tensiones entre México y Estados Unidos, y posiblemente incluso dentro de Morena. Rocha, quien ha negado haber cometido algún delito, dijo que regresaba "con la frente limpia y en alto".
En abril, fiscales estadounidenses acusaron a Rocha y a otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios de conspirar con una facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, ayudándola a traficar drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
La medida de Washington marcó una rara expansión de las acciones contra los cárteles más allá de los capos de la droga, al incluir a un político mexicano de alto rango en funciones. Rocha ha descrito el caso estadounidense como un ataque políticamente motivado contra el movimiento de Sheinbaum.
El Gobierno mexicano había declarado anteriormente que Washington no había proporcionado pruebas suficientes para justificar el arresto o la extradición del gobernador, aun cuando su administración abrió su propia investigación.
Reuters reportó el año pasado que Washington había revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en medio de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos.
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