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Glovo contratará a sus repartidores
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La española vinculará laboralmente a 15.000 personas, esta decisión fue anunciada tres días después de que fuera demandada
La guerra en el sector de domicilios está servida. Just Eat España presentó una demanda contra Glovo ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona el viernes 29 de noviembre acusándole de “competencia desleal por violación de normas y contratar a falsos autónomos (también llamados independientes)”.
Esta compañía de origen danés reclama a Glovo un total de 295 millones de euros (US$311 millones) en concepto de daños y perjuicios. Ayer, tres días después de recibir esta demanda, Glovo ha dado un giro a su estrategia anunciando que contratará a su 15.000 repartidores dejando atrás el modelo de falsos autónomos.
Esta sentencia de Just Eat se suma a las recibidas por Glovo “por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral, que se intensificó con la aprobación de la Ley Rider.
“Esto sitúa a Just Eat España en una clara situación de desventaja competitiva, ya que Just Eat España sí contrata a los repartidores, incurriendo en elevados costes adicionales, tal y como exige la ley”, asegura la compañía.
Esta empresa estima que los falsos autónomos le han supuesto a Glovo “ahorros de más de 645 millones de euros (US$682 millones) en los últimos años, lo que ha permitido a Glovo adquirir una ventaja competitiva significativa”.
De hecho, Delivery Hero, la matriz de Glovo, asegura que la medida de contratar a sus repartidores podría reducir su beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones en 100 millones de euros (US$105 millones) en 2025. Glovo se desplomó cerca de 10% en bolsa.
“La decisión de contratar a los repartidores se produce como parte del firme compromiso de Delivery Hero y Glovo con España y con el impulso de la economía digital en el país”.
Esta caída bursátil reduce su saldo positivo en bolsa en lo que va de año a 31% y su capitalización baja hasta los 10.130 millones de euros (US$10.711 millones).
Glovo dijo que no le sirve seguir en un estado de judicialización permanente por las continuas inspecciones de Trabajo o por las demandas de sus competidores, y con la medida prevé ganar seguridad jurídica.
Hoy declarará Oscar Pierre, el fundador y CEO de Glovo, ante el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona tras haberse suspendido una vista prevista para septiembre. Se le acusa de prácticas laborales ilegales tras el fallo del Tribunal Supremo de 2020 que declaró ilegal el modelo de falsos autónomos que ha sido utilizado por Glovo.
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Las deliberaciones continúan y la compañía podría decidir no proceder con el acuerdo, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas dado que la información no es pública
