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Los dos candidatos se enfrentarán en la primera vuelta de las elecciones el domingo, y se prevé que lo más probable sea que haya una segunda vuelta a finales de mes
El próximo presidente de Brasil heredará un número inusualmente elevado de puestos por cubrir en las instituciones más poderosas del país, con vacantes acumuladas en el Supremo Tribunal Federal, el Banco Central y los organismos reguladores económicos.
La creciente acumulación de puestos sin cubrir significa que el ganador de la reñida contienda entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro podría adquirir una influencia significativa sobre los organismos que ayudan a definir la política monetaria, supervisan los mercados financieros e interpretan la Constitución.
Los dos candidatos se enfrentarán en la primera vuelta de las elecciones el domingo, y se prevé que lo más probable sea que haya una segunda vuelta a finales de mes.
Las vacantes reflejan un cambio más amplio en la política brasileña: un Congreso cada vez más poderoso está utilizando la confirmación de los candidatos como herramienta de presión política, lo que reduce el margen de maniobra del poder ejecutivo.
Un Congreso predominantemente de derecha ha hecho valer este poder creciente durante el actual mandato de Lula, retrasando la confirmación de varios de sus candidatos. Lula tampoco ha logrado presentar algunas candidaturas.
Si bien antes las candidaturas se remitían rápidamente a las comisiones del Senado para su aprobación, muchos procesos de nominación se estancaron durante la pandemia, a la espera de la aprobación del presidente del Senado.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, ha mantenido esa práctica, concentrando el poder en la corporación y convirtiendo lo que antes era un trámite rutinario en una decisión política, dijo una persona familiarizada con el proceso, que pidió permanecer en el anonimato.
El Palacio Presidencial y la oficina de Alcolumbre no respondieron a las solicitudes de comentarios.
El uso de los nombramientos presidenciales como herramienta política ha hecho que el Ejecutivo se muestre reacio a presentar candidatos sin evaluar primero sus perspectivas en el Senado, dijo Rubens Beçak, profesor de Derecho de la Universidad de São Paulo.
En el Banco Central, dos puestos del directorio —incluido el de política económica, que supervisa las previsiones antes de las decisiones sobre las tasas de interés— llevan vacíos desde enero, lo que supone un periodo récord de vacancia para esos cargos. Lula aún no ha presentado candidatos.
En abril, los senadores rechazaron al candidato de Lula para el Supremo Tribunal Federal, el fiscal general Jorge Messias, en un revés histórico que prolongó una vacante que ya lleva casi un año, la más larga desde el retorno de Brasil a la democracia en la década de 1980.
La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) tiene vacantes en su consejo de administración desde finales de 2024, mientras que el organismo de defensa de la competencia, Cade, que carece de presidente y de dos miembros de su consejo, se encuentra cerca de su quórum mínimo, lo que retrasa la tramitación de las fusiones.
Claudio Couto, politólogo de la Fundación Getúlio Vargas, calificó este retraso de «profundamente problemático» y señaló que se corre el riesgo de concentrar los nombramientos en una sola administración y de politizar «órganos que deben permanecer apartidistas».
Los nombramientos y los proyectos de ley, que antes se negociaban en gran medida entre el presidente y los partidos de la coalición, dependen cada vez más de acuerdos entre los líderes del Congreso, señaló Neuriberg Dias, director del observatorio legislativo Diap.
El creciente control del Congreso sobre el gasto, señaló, ha modificado los incentivos que sustentan la negociación entre el poder ejecutivo y el legislativo.
Las asignaciones presupuestarias del Congreso —que destinan fondos a proyectos locales o prioritarios— representaron 7,5% del gasto discrecional federal efectivo en 2018, pero aumentaron hasta 21% en 2025, según datos del Ministerio de Planificación facilitados a Reuters.
A su vez, el control del Gobierno sobre la agenda se ha debilitado. El año pasado, el Congreso aprobó 178 proyectos de ley presentados por los legisladores y solo 50 del Ejecutivo. En 2007, durante el segundo mandato de Lula, ocurrió lo contrario: 142 proyectos del Ejecutivo frente a 52 del Congreso, según datos de Diap.
La campaña de 2026 ha ralentizado aún más las candidaturas, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto, ya que los legisladores esperan a ver si Lula consigue otro mandato. Los votantes también elegirán a los 513 miembros de la Cámara de Diputados y a dos tercios del Senado.
Con el poder desplazándose de la presidencia al Congreso, las elecciones podrían decidir no solo quién gobierna Brasil, sino también cuánto margen tendrá el ganador para nombrar cargos públicos y configurar instituciones clave.
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