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François Hollande, presidente de esa nación, fue el encargado de oficializar la medida que comprende la inversión de US$2.180 millones para ayudar a las pymes e impulsar el empleo. Los analistas aseguran que esta decisión compromete los intereses del mandatario para volver a lanzarse como presidente el próximo año, ya que de no cumplirlo, su posibilidad de volver a gobernar bajaría debido a un efecto de impopularidad.
El desempleo galopante aqueja al país y se estima que desde 2012, cuando Hollande comenzó su periodo, el número de desocupados ha ascendido a 600.000.
“Considero que frente a la coyuntura económica incierta y el desempleo persistente hay un estado de excepción económico y social que hay que proclamar”, anunció ayer el mandatario.
El dinero anunciado para combatir la tasa de desocupación, que ya afecta a más de 3,57 millones de personas no saldrá de nuevos impuestos, sino del ahorro del Gobierno. Una de las partes más importantes del monto se invertirá en la formación de 500.000 desempleados, que recibirán un programa de enseñamza suplementaria.
Otra parte se destinará para las bonificaciones de los nuevos contratos a seis meses para empresas de menos de 250 trabajadores, cada vez que el sueldo sea superior al salario mínimo que ronda US1.400.
De acuerdo con lo explicado, esa bonificación será de más de US$2.000 al año, y se calcula que el número de beneficiarios de los contratos de profesionalización pasará de 8.000 a 50.000.
Hollande anunció que gran parte de las pymes favorecidas con esta inversión estarán en los sectores de tecnología digital y también en los de transición energética.
“Debemos permitir que los desempleados se formen en los oficios de hoy y del mañana”, señaló el jefe de Estado, para quien debe “hacerse todo para favorecer, facilitar y simplificar” la vuelta al mercado laboral.
Cabe destacar que el presidente anunció que recuperó la fijación de topes en la indemnización por despido sin justa causa, una medida lanzada el pasado junio pero censurada posteriormente por el Consejo Constitucional porque en ese momento la compensación no era igual para todos, sino mayor para los trabajadores de las grandes empresas.
Sin embargo, el llamado del Gobierno francés es por incluir a las empresas grandes y pequeñas como a los trabajadores, apelando a la solidaridad de los actores sociales.
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