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El inicio de la investigación no pasó desapercibido en Uruguay aunque en el gobierno se muestran tranquilos.
La fiscal señaló que hicieron “un pedido de informes a las Secretarías de Ambiente de Provincia y de Nación, quienes no tenían información al respecto”
Las autoridades de HIF Global, la empresa privada que pretende construir una planta de hidrógeno verde en Paysandú, están dialogando con el gobierno de Yamandú Orsi para reformular el proyecto mientras varios ministerios avanzan con los trámites para otorgar las primeras autorizaciones.
El tema viene siendo seguido de cerca por Argentina y fue parte, incluso, de una reunión que tuvo Orsi con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Tras ese encuentro, celebrado en la Torre Ejecutiva a fines de marzo, Frigerio reconoció que le pidió modificar la ubicación para que no compitiera con el turismo, la principal actividad económica de Colón. “La planta estará mucho más cerca de Colón que de Paysandú”, señaló.
En paralelo a esto, semanas atrás una fiscal federal argentina inició una investigación de oficio por posibles efectos ambientales negativos de la planta. Se trata de Josefina Minatta, quien dijo al medio El Entre Ríos que pidió a Prefectura muestras de la calidad del agua del Río Uruguay. “Más allá de que la Caru va recogiendo muestras, queríamos tener una fuente independiente”, dijo.
“En Botnia, nos dijeron en La Haya que no habíamos podido comprobar la contaminación y en realidad no es que no se pudo comprobar, sino que no teníamos muestras previas a la instalación de la planta para comparar. Por eso ahora es importante para mí hacer un monitoreo del estado del río y del ambiente en general para tener registro y ante un eventual conflicto más severo contar con elementos”, agregó en declaraciones recogidas esta semana por Infobae.
Minatta señaló que como parte de una primera etapa hicieron “un pedido de informes a las Secretarías de Ambiente de Provincia y de Nación, quienes no tenían ninguna información al respecto”. Además, están “tomando testimonios de los vecinos de Colón”.
El inicio de la investigación no pasó desapercibido en Uruguay aunque en el gobierno se muestran tranquilos. Desde la Cancillería dijeron a El Observador que no hay notificación formal pero destacaron el “diálogo permanente” del ministro Mario Lubetkin con las autoridades de Entre Ríos.
En línea similar se manifestaron en otros ministerios implicados (Industria, Ambiente y Vivienda), donde destacaron que el proyecto va camino a modificarse y recién está gestionando las primeras autorizaciones.
A fines de febrero, la Junta de Paysandú aprobó recategorizar los suelos de los dos padrones en que la empresa pretende desarrollar el proyecto. Pero la autorización, como informó El Observador en ese momento, es motivo de controversia, ya que la Intendencia dice que obtuvo una “autorización ficta” de Ambiente, algo que el ministerio rechaza.
Tras la aprobación, la Intendencia de Paysandú promulgó un decreto que recategoriza los suelos y solicitó a la Dinot que inscriba la modificación en el inventario nacional, algo que la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) aún no hizo.
Fuentes de la Dinot reconocieron que no lo inscribieron porque hay “diferencias” entre la Intendencia y Ambiente respecto a la aprobación ficta. “Hasta que no se despejen las diferencias no se puede inscribir en el inventario”, dijo una fuente al tanto de la situación. Ambas partes están dialogando para hacerle cambios al proyecto y salvar las observaciones ambientales.
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