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Los cambios regulatorios en energía, la salud financiera de Pemex, una respuesta fiscal débil frente a la crisis económica desatada por el covid-19
El gobierno de Estados Unidos destacó una serie de incertidumbres sobre el clima de inversión en México, como cambios regulatorios repentinos, inseguridad, informalidad, corrupción, salud financiera inestable de Pemex y una respuesta fiscal débil a la crisis económica de covid-19.
Por el contrario, resaltó la austera política fiscal en México que tuvo como resultado un superávit primario de 0,1% en 2020, la independencia del Banco de México y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec).
Ambos brazos de la balanza, las ventajas y desventajas, se describen en el Reporte sobre el Estado de las Inversiones en México 2021, difundido por el Departamento de Estado este miércoles.
“(México) sigue siendo uno de nuestros socios inversores más importantes”, dijo el Departamento de Estado.
De 1999 al primer trimestre de 2021, México captó 288,229 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa desde Estados Unidos, lo que representó una participación de 46.6% de todos sus flujos recibidos en ese periodo.
“Los inversionistas informan que cambios regulatorios repentinos y reversiones de políticas, la salud financiera inestable de la compañía petrolera estatal Pemex y una percibida respuesta fiscal débil a la crisis económica del covid-19 han contribuido a las incertidumbres en curso”, refirió el Departamento de Estado. En el primer y segundo trimestres de 2020, las tres principales agencias calificadoras (Fitch, Moody's y Standard and Poor's) bajaron la calificación crediticia soberana de México (en un escalón a BBB-, Baa1 y BBB, respectivamente) y la calificación crediticia de Pemex (al estado basura).
Además, añade el documento, la incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico sostenido de México.
Los esfuerzos recientes para revertir las reformas energéticas de 2014, incluida la ley de reforma de la electricidad de marzo de 2021 que prioriza la generación de la compañía eléctrica estatal CFE, “aumentan aún más la incertidumbre”. Para el gobierno estadounidense, todos estos factores elevan el costo de hacer negocios en México.
En particular, mencionó el caso de que la CFE obligó a varias empresas nacionales y extranjeras a renegociar contratos de suministro de gas ejecutados anteriormente, lo que generó “importantes preocupaciones” entre los inversores sobre la inviolabilidad de los contratos.
Al mismo tiempo, según esa misma fuente, los representantes comerciales, incluidas las de empresas estadounidenses, creen que los fondos públicos a menudo se desvían a empresas privadas e individuos debido a la corrupción y perciben que el favoritismo está generalizado entre los funcionarios de contratación pública.
El Portal Anticorrupción Empresarial de GAN establece que el cumplimiento de las regulaciones de adquisiciones por parte de los organismos estatales en México no es confiable y que la corrupción es extensa, a pesar de las leyes que cubren los conflictos de intereses, las licitaciones competitivas y los procedimientos de listas negras de empresas.
En 2020, México se convirtió en el tercer socio comercial más grande de los Estados Unidos en bienes y servicios y el segundo más grande solo en bienes.
El comercio bilateral creció 482,2% entre 1993 y 2020, y México es el segundo mercado de exportación de Estados Unidos.
En otra vertiente, la administración actual mantuvo su compromiso de reducir el gasto burocrático para financiar “una ambiciosa agenda” de gasto social y proyectos de infraestructura prioritarios, entre ellos la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se apoyó en estas iniciativas mientras diseñaba una respuesta del gobierno a la crisis económica causada por covid-19.
México aprobó el protocolo enmendado del T-Mec en diciembre de 2019, Estados Unidos en diciembre de 2019 y Canadá en marzo de 2020, “brindando un impulso a la confianza de los inversionistas que esperan una integración económica regional continua y profunda”, añade el documento.
El T-Mec entró en vigor el 1 de julio de 2020 y el presidente López Obrador “ha expresado su optimismo de que impulsará la economía mexicana”.
La incertidumbre sobre el cumplimiento de los contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción continúan obstaculizando el crecimiento económico sostenido de México.
La CFE obligó a varias empresas nacionales y extranjeras a renegociar contratos de suministro de gas ejecutados anteriormente, lo que generó “importantes preocupaciones” entre los inversores sobre la inviolabilidad de los contratos.
México aprobó el protocolo enmendado del T-Mec en diciembre de 2019, Estados Unidos en diciembre de 2019 y Canadá en marzo de 2020, “brindando un impulso a la confianza de los inversionistas que esperan una integración económica regional continua y profunda”.
México tuvo una austera política fiscal que tuvo como resultado un superávit primario de 0,1% en 2020 y mantuvo la independencia del Banco de México.
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