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La empresa fue acusada de usar cerca de 65.000 anuncios ilegales en su sitio web, con alojamientos sin las licencias requeridas en normativas establecidas por el gobierno español
La plataforma de alquileres turísticos Airbnb volvió a quedar bajo fuerte escrutinio regulatorio tras la multa de US$75 millones impuesta por España, una de las sanciones más altas aplicadas en Europa contra una empresa del sector digital. La penalidad fue impuesta por publicar más de 65.000 alojamientos sin licencia turística válida, según las autoridades españolas, que consideran que la plataforma incumplió de forma sistemática la normativa vigente.
La sanción se da en un contexto de endurecimiento regulatorio en los principales mercados turísticos europeos, donde los gobiernos buscan contener el impacto del alquiler de corto plazo sobre el acceso a la vivienda, el aumento de los arriendos y la convivencia urbana. En el caso español, las autoridades ordenaron además la eliminación masiva de anuncios irregulares, marcando un precedente para otras jurisdicciones que enfrentan desafíos similares con las plataformas digitales.
Aunque Colombia no ha aplicado sanciones de esa magnitud, Airbnb también enfrenta dilemas crecientes en el país, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena, donde el alquiler turístico ha ganado peso en zonas residenciales. El debate local se ha concentrado en tres frentes, el impacto sobre el mercado inmobiliario, la competencia con el sector hotelero y el control tributario de la actividad.
Desde la perspectiva económica, la empresa ha destacado el tamaño de su operación en Colombia. De acuerdo con cifras divulgadas por la propia plataforma, la actividad de anfitriones y huéspedes generó un impacto económico de más de $10,6 billones en 2024, de los cuales $1,6 billones correspondieron a ingresos directos para anfitriones, mientras que más de $9 billones se destinaron a comercios locales, como restaurantes, transporte y entretenimiento. Además, la compañía estima que su operación está vinculada a más de 215.000 empleos en el país.
“En este país se va a cumplir la ley y no hay empresa por grande o poderosa que sea que pueda desarrollar un modelo de negocio que esté al margen de la ley”.
La multa en España refuerza una señal clara para el mercado, recalcando de manera clara la necesidad de que el modelo de crecimiento de Airbnb enfrente límites regulatorios cada vez más definidos.
Para países como Colombia, donde el debate aún está abierto, el caso europeo funciona como advertencia sobre los costos de no contar con reglas claras, registros obligatorios y mecanismos de supervisión efectivos en un sector que ya mueve miles de millones y tiene impacto directo en la economía urbana.
La multinacional de las rentas cortas tiene su sede fiscal en Irlanda, bajo la sociedad Airbnb Ireland UC. De los casi 20 países donde Airbnb tributa, no se incluye Colombia. Sin embargo, dos ciudades del portafolio están entre los más cotizados del planeta. Cartagena tiene 8,89 propiedades en la plataforma por cada 1.000 habitantes: cifras comparables con Dubái, Copenhague o Marsella. Los gremios hoteleros han confirmado su apoyo al decreto del Ministerio de Comercio para regular a Airbnb, en gran parte, para buscar un mejor equilibrio en el juego tributario.
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