¿Es viable que se implemente la petroquímica en Perú como ofrece Gobierno de Fujimori?

Han pasado 22 años desde que se inició la explotación del gas de Camisea en Perú y 19 años desde que se dio la primera norma buscando promover su uso para el desarrollo de la petroquímica -que permita producir desde fertilizantes y explosivos hasta polietileno-, pero hasta ahora esa industria no logra despegar en el país.

Tras la emisión de la Ley N.º 29163 el año 2007, que promueve esa actividad con beneficios tributarios (recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas), se dio, años después, otra norma (Ley N.º 29690) para que incluya el uso del etano que se extrae del yacimiento de Camisea.

A ello se sumó, en el año 2012, la Ley N.º 29970 que hacía viable el desarrollo de polos petroquímicos en el sur del Perú, a través del Gasoducto Sur Peruano (su construcción quedó trunca en el año 2017 tras el escándalo que involucró a su constructor Odebrecht).

Amparadas en esa normativa, diversas empresas intentaron luego desarrollar plantas petroquímicas usando ese gas en el sur, entre ellas CF Industries en San Juan de Marcona, Nitratos del Perú en Paracas, ambos en Ica, y Braskem y Petrobras en la zona de Ilo (Moquegua), entre otras.

Sin embargo, los sueños de la petroquímica propia quedaron truncos cuando, desde el 2025, Estados Unidos empezó a producir masivamente shale gas, generando una sobreoferta de gas natural que hizo caer sus precios, con lo cual desarrollar esa industria en el Perú se volvió hasta 20% más caro que en el país norteamericano.

Pese a ello, los sucesivos gobiernos han ofrecido promover esa industria y, en el 2024, durante el Gobierno de Dina Boluarte, según informara entonces Perupetro, se logró un acuerdo con Pluspetrol (operador del consorcio Camisea) para definir el porcentaje de regalías que se aplicaría al gas destinado a la petroquímica.