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El TC, reunido esta tarde de urgencia, ha admitido a trámite por unanimidad la impugnación presentada por el Gobierno central, lo que supone la suspensión inmediata de la moción independentista aprobada por el Parlament catalán para iniciar la desconexión de España.
Asimismo, el pleno de Constitucional ha advertido al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, a la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, y a otros 19 altos cargos de Cataluña de que pueden incurrir en responsabilidad penal si incumplen la suspensión decretada al admitirse a trámite el recurso presentado este mismo miércoles por la Abogacía del Estado contra la resolución soberanista.
En concreto, en una nota hecha pública esta tarde, el Tribunal les advierte "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".
Este apercibimiento, que se adopta de forma inédita por el tribunal de garantías, había sido solicitado expresamente por el Gobierno en el texto de su impugnación, en el que se pedía que esta providencia se notificara a un total de 21 altos cargos, apercibiera de las consecuencias incluso penales de ignorar esta decisión y añadiera la prohibición también expresa de que la cámara autonómica pueda emprender iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
Diez días para presentar alegaciones
El Parlament de Cataluña tendrá un plazo de diez días para "personarse en el proceso y formular las alegaciones que considere convenientes", ha señalado el Tribunal Constitucional en una nota informativa.
Los magistrados del Constitucional se habían reunido alrededor de las 16.30 horas para estudiar el recurso del Ejecutivo, presentado esta misma mañana y que contaba con el aval del Consejo de Estado.
El Gobierno había presentado su impugnación invocando el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que se producirá la suspensión automática de la disposición o resolución recurrida, que el Tribunal deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.
El Gobierno ha expresado esta tarde su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional y considera que la rapidez de esa decisión demuestra la fortaleza de las instituciones.
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