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El gobierno avanza en negociaciones con el sector para definir un cronograma de pagos de la deuda acumulada por el Estado
La mesa de diálogo se instaló esta semana con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), junto con representantes de gremios de la construcción. El objetivo central es establecer una hoja de ruta que permita regularizar los pagos pendientes y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura.
El proceso es encabezado por el nuevo ministro de Economía, Óscar Lovera, quien asumió con la prioridad de ordenar los compromisos financieros y recuperar la confianza del sector privado en la ejecución de obras públicas.
La reunión se llevó a cabo en la sede del MEF y contó con la presencia de técnicos de ambas carteras. Allí se discutieron no solo los atrasos existentes, sino también la proyección de ejecución presupuestaria del Mopc para los próximos meses, un factor clave para evitar nuevos cuellos de pago.
El ministro Óscar Lovera destacó la importancia del diálogo como herramienta central de gestión en este proceso. “Estamos comprometidos en construir soluciones responsables que nos permitan honrar los compromisos asumidos, sin descuidar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Este proceso de diálogo es clave para alcanzar consensos que brinden previsibilidad y fortalezcan la confianza”, afirmó.
La titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc), Claudia Centurión, acompañó la reunión y remarcó que la prioridad del Ejecutivo es ordenar la deuda sin frenar la actividad del sector. “La prioridad del Gobierno es el pago de la deuda y brindar tranquilidad en cuanto al cumplimiento de los compromisos asumidos”, sostuvo.
A la vez, subrayó la necesidad de mejorar la ejecución de obras, al señalar que esto es fundamental para la reactivación del empleo y la economía.
El stock de deuda del Estado con las empresas constructoras se mantiene en niveles elevados, con estimaciones que lo ubican en torno a los US$360 millones. Este pasivo incluye certificados de obras ya ejecutadas, pero aún no abonadas, lo que ha generado tensiones en la cadena de pagos del sector y una ralentización en la ejecución de nuevos proyectos.
En ese contexto, una de las alternativas que el Gobierno ha puesto sobre la mesa es la implementación de un sistema de factoraje o “factoring” de deuda. Este mecanismo permitiría a las empresas anticipar el cobro de los certificados a través de intermediarios financieros, a cambio de un descuento, mientras el Estado mantiene su cronograma de pagos a mediano plazo.
Sin embargo, hasta el momento la propuesta no ha sido aceptada por el conjunto de las constructoras, que plantean reparos en torno al costo financiero de la operación y a la necesidad de una solución directa por parte del Estado. Para los gremios, el factoraje podría aliviar la liquidez en el corto plazo, pero no resuelve el problema estructural del atraso en los pagos.
Desde el sector privado insisten en que la previsibilidad es clave para sostener la actividad. La acumulación de deudas no solo afecta a las grandes empresas, sino también a proveedores, subcontratistas y toda la cadena de valor de la construcción, uno de los principales generadores de empleo del país.
El nuevo equipo económico enfrenta así un doble desafío de ordenar las finanzas públicas sin frenar la inversión en infraestructura. La deuda con constructoras se ha convertido en uno de los puntos críticos de la agenda fiscal, ya que su resolución impacta directamente en la reactivación de obras y en la dinámica del empleo formal.
Las autoridades sostienen que el objetivo es alcanzar un acuerdo sostenible que permita regularizar los pagos sin comprometer la estabilidad macroeconómica. En paralelo, el Gobierno busca mejorar los niveles de ejecución presupuestaria del Mopc para evitar la acumulación de nuevos atrasos.
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