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Establecer un techo en precios internos del crudo se está redactando en un proyecto de ley para estimular inversiones en petróleo y gas
El Gobierno de Argentina está presionando por controles a los precios del petróleo a largo plazo, en tanto la nación sudamericana se queda sin tiempo para desenterrar un tesoro de shale en la Patagonia.
La idea de establecer un techo y un piso en los precios internos del crudo se está redactando en un proyecto de ley que apunta a estimular las inversiones en petróleo y gas, dijo el jueves el ministro de Desarrollo Productivo del país, Matías Kulfas, en una entrevista. Un techo evitaría que rachas alcistas en los mercados petroleros desencadenen un aumento en los precios del combustible. Y, lo que es crucial para las ambiciones de shale de Argentina, un piso disuadiría a las grandes petroleras de retirarse de un activo marginal como el floreciente yacimiento de Vaca Muerta si los mercados colapsan.
La Administración del presidente Alberto Fernández está en medio de la redacción del proyecto de ley, que se enviará al Congreso este año para su debate entre los legisladores. La promulgación de controles por ley enviaría una señal clara sobre las normativas en virtud de las cuales las perforadoras pueden producir petróleo en Argentina en los próximos años cuando el espectro de un máximo de demanda amenaza con mantener enterrados vastos recursos en Vaca Muerta.
Las perforadoras están produciendo 137.500 barriles de crudo al día en el depósito de shale, en gran parte sin explotar, en la zona sur del país, según el periódico Río Negro. En comparación, se espera que la cuenca Pérmica en EE.UU. produzca 4,6 millones de barriles de crudo al día en mayo.
Argentina tiene una larga historia de intervenciones en los mercados energéticos. El año pasado, cuando los precios del petróleo se desplomaron, el Gobierno elevó el precio de su crudo. Empresas también acordaron hace poco ayudar a las refinerías presionadas por el Gobierno a mantener los precios de la gasolina bajo control.
La demanda fue presentada en 2020 por residentes de 18 estados de EE.UU, incluidos Virginia, Texas, California, Florida e Illinois
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