El Eurogrupo estudiará mañana el principio de acuerdo cerrado entre la troika y Atenas para aplicar nuevos ajustes, condición previa para el desembolso de otro tramo del rescate al país, y el consenso alcanzado entre los dos partidos conservadores lusos para mantener la coalición gubernamental.
Los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro revisarán también la marcha del programa de asistencia financiera concedido a España para sanear su sistema bancario y el cumplimiento de las condiciones asociadas al mismo, una cuestión en la que se espera que den su visto bueno sin entrar en un debate amplio.
Grecia vuelve a ser el principal punto de la agenda del Eurogrupo, tras advertir Bruselas a Atenas de que no trasferiría los próximos €8.100 millones de la financiación concedida al país hasta que no presentara medidas de ajuste adicionales para cumplir con la reducción del gasto público acordada.
La troika, formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), informará mañana a los ministros del principio de acuerdo sobre las reformas pendientes.
"Informaremos mañana del estado de las negociaciones", señaló hoy el portavoz de la Comisión Europea para Asuntos Monetarios y Económicos, Simon O'Connor, en unas declaraciones a Efe. "En cualquier caso, la decisión (sobre el desembolso) debe tomarla el Eurogrupo", señaló el portavoz.
Las medidas sobre despidos y movilidad forzosa de funcionarios centran el debate y volverán a ser abordadas mañana para concluir los detalles aún por cerrar.
Los Diecisiete también debatirán la situación política en Portugal, una cuestión que no está recogida en la agenda de la reunión, pero que será analizada ante la inquietud que ha creado entre los socios de la moneda única la crisis de Gobierno abierta la semana pasada.
Portugal presentará a sus socios el acuerdo alcanzado entre los dos partidos conservadores este sábado, que busca asegurar la supervivencia de la coalición gubernamental y despejar las dudas de que Lisboa sea capaz de mantener sus compromisos reformistas.
Las dudas en torno a la continuidad del Gobierno luso provocaron una dura reacción de los mercados, con el desplome de la bolsa de Lisboa y un pronunciado aumento de su prima de riesgo, y llevaron a Bruselas a pedir a los partidos gobernantes que pusieran fin a sus diferencias.
Por otra parte, el Eurogrupo prevé dar su visto bueno a la marcha del programa de asistencia financiera a España en base a las conclusiones de la última misión de la troika en el país, que constatan que el cumplimiento de las condiciones asociadas al mismo "van bien", según fuentes de los socios de la zona del euro.
Posible prórroga
Los Diecisiete tienen la vista puesta en el final del programa, que expira en diciembre, aunque mañana no se espera una discusión en profundidad sobre este asunto, que sí centrará la próxima misión de la troika que arrancará entre finales de agosto y principios de septiembre, de acuerdo a las mismas fuentes.
Uno de los posibles asuntos a analizar es si ese programa podría prorrogarse más allá de su fin en diciembre, aunque esa es una opción que el ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, ha rechazado en varias ocasiones.
En cambio, la Comisión Europea eludió recientemente descartarla e indicó que evaluará la situación y los potenciales riesgos en otoño, en concreto, si las entidades españolas serán capaces de afrontar la cobertura de las nuevas exigencias de provisiones para los créditos refinanciados por el sector, que ascenderán a unos 10.000 millones de euros.
De los €100.000 millones que los socios europeos concedieron a España para recapitalizar la banca, hasta el momento solo se han utilizado algo más de €41.000 millones, y el Gobierno español ha asegurado en varias ocasiones que no pedirá más financiación.
Un elemento que genera inquietud en Bruselas es el impacto que el plan andaluz de expropiación temporal de vivienda puede tener sobre el sistema financiero español, aunque el Gobierno español no cree que esto ponga en duda la buena marcha del programa de asistencia financiera a la banca, según fuentes del Ministerio de Economía.
La CE envió en junio una carta al Gobierno español en la que señalaba que ese decreto podría ser visto como un factor que debilita la calidad de los activos bancarios y generar incertidumbre jurídica para los inversores nacionales e internacionales, por la coexistencia de legislaciones con respecto a los desahucios en España.
