Equipo económico de José Antonio Kast se prepara para recuperar el equilibrio fiscal

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El deterioro de las cifras fiscales revelado en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP), con un déficit estructural de 3,6% del PIB y uno efectivo de 2,5%, reforzó los planes del equipo económico del Presidente electo José Antonio Kast.

A casi una semana de la publicación del citado IFP, fuentes cercanas al grupo confirmaron la necesidad de perseverar en la meta de convergencia fiscal, o sea, recuperar el equilibrio fiscal estructural dentro del período de Gobierno, con señales concretas que deberían comenzar a reflejarse desde el primer año de gestión.

Desde el entorno de quien asumirá como ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalaron que los números no sorprendieron. Por el contrario, ratificaron las advertencias formuladas durante la campaña electoral.

Es decir, no hubo mayor novedad en el déficit estructural que se informó y más bien lo recibieron como la confirmación de lo que creen ha sido irresponsabilidad del actual Gobierno al incumplir tres de cuatro veces las metas autoimpuestas y en magnitudes llamativas. Incluso, ya trabajaban bajo el supuesto de ingresos sobreestimados y, por tanto, de que el desbalance fiscal sería más profundo al anticipado oficialmente.

Las dudas apuntaban a la proyección de ingresos para 2025, pero se afianzaron cuando se empezó a tramitar la Ley de Presupuesto para el 2026.

Dado lo anterior, aseguraron que su programa lo diseñaron sobre esa base.

Un dato no menor fue que su propia expectativa tenía un espejo en los planteamientos del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que levantó alertas varias veces, al igual que otros economistas de la plaza dedicados a los temas fiscales.

Más allá de las críticas a la actual administración, el foco, explicaron, sigue en el plan que se venía trabajando bajo el paraguas de una “emergencia económica”. Una realidad que exige un ajuste significativo del gasto y que irá desde el propio funcionamiento del Ejecutivo hasta partidas donde identifican ineficiencias, como la evasión en el transporte público o las licencias médicas irregulares observadas por la Contraloría.

Por ende, el ajuste de US$6.000 millones en 18 meses sigue vigente, pese al mayor déficit informado.

El mal estado de las finanzas públicas y la necesidad de un recorte fue un eje central de la campaña de Kast, donde incluso en partidos de Chile Vamos cuestionaban la magnitud del problema. Sin embargo, los hechos le están dando la razón al equipo de Quiroz, que por ahora se centra en buscar soluciones más que en pasar cuentas a los que serán sus aliados en el futuro gobierno.

Un escenario que creen le resta validez a declaraciones como las expresadas por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien afirmó el martes que “se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.

“Nuestro objetivo general es, y siempre ha sido, la recuperación del equilibrio fiscal estructural dentro del período de Gobierno”, se escucha en el entorno del equipo de Quiroz, para enfatizar la importancia de ordenar las finanzas públicas.

El cuadrar las cuentas considera la forma idónea de darle sostenibilidad fiscal a los beneficios sociales y de asegurar que el Fisco cuente con los recursos para hacer frente a las emergencias.

Las medidas de recorte

En lo operativo, detallan que el plan contempla un ajuste de gasto que califican de temprano y de magnitud significativa.

En esta lógica, el paso inicial es recortar del orden de US$3.000 millones durante el primer año, mediante un decreto de modificación presupuestaria en los primeros meses de la nueva administración.

A ello se le sumaría una Ley de Presupuestos “muy austera” y nuevas iniciativas legales de contención y reducción del gasto, en línea con propuestas discutidas en la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público y en entidades como el Centro de Estudios Públicos (CEP).

El primer grupo, compuesto por cinco especialistas, presentó en septiembre medidas de carácter administrativo y legislativo para implementar en el corto, mediano y largo plazo.

Las acciones propuestas fueron sobre educación superior, salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática, institucionalidad y otros ámbitos transversales.