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Donald Trump llegando a la audiencia de lectura de cargos en Nueva York/Reuters
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El primer exmandatario de EE.UU. en ser acusado llegó a Nueva York para la lectura de 34 cargos en su contra por soborno, de los cuales se declaró inocente
Donald Trump se embarcó en otra candidatura a la Casa Blanca mientras enfrentaba una serie de problemas legales, entre ellos la investigación criminal en la ciudad de Nueva York que ahora condujo a una acusación por delito grave (exactamente con 34 cargos en su contra de los que él se declaró inocente).
Los casos podrían generar distracciones y producir revelaciones poco halagadoras, sin mencionar los veredictos adversos, que ningún candidato presidencial agradecería. Sin embargo, Trump no es un político normal, y el escrutinio legal podría alimentar su narrativa preferida de que está siendo atacado injustamente por la actual administración demócrata y una burocracia de “estado profundo”.
“Trump participó en un plan de dos años para impulsar su campaña presidencial de 2016, de forma corrupta; no podemos y no normalizaremos la conducta criminal grave”.
Ahora todos se preguntan ¿algo de esto podría descalificar a Trump como candidato presidencial?. Los expertos judiciales dicen que no en términos legales. El Artículo II de la Constitución de EE.UU., que establece los requisitos para la presidencia, no dice nada sobre acusaciones o condenas penales. Sin embargo, los opositores a Trump ven dos vías posibles para desafiar su elegibilidad.
Una es una Ley federal que prohíbe la eliminación o destrucción de registros gubernamentales: dice que cualquier persona condenada por el delito está descalificada para un cargo de Estado. Posiblemente, esto podría aplicarse si, Trump es acusado y condenado por tomar documentos clasificados de la Casa Blanca durante su Gobierno.
La otra es la Enmienda 14 a la Constitución. Dice que nadie puede ocupar un escaño en el Congreso, o “cualquier cargo, civil o militar”, si “participó en una insurrección o rebelión”. Los grupos de defensa han dicho que demandarían para asegurarse de que la prohibición de la Enmienda 14 se aplique a Trump por los hechos relacionados con la toma al Capitolio.
Las imputaciones
La acusación se deriva de la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que alega que el expresidente y otros cercanos a él violaron las leyes de las elecciones estadounidenses de 2016. La decisión se dio luego de que una investigación arrojara que el republicano ofreció una gran cantidad de dinero a la actriz del cine para adultos, Stormy Daniels, para no afectar su campaña presidencial. El entonces abogado y arreglador de Trump, Michael Cohen, ahora un crítico feroz, ha testificado que su jefe le reembolsó encubiertamente los pagos.
Además, Trump enfrenta una investigación separada de su intento de anular el resultado de las elecciones de 2020 en Georgia, así como la acusación de un abogado especial federal sobre esos esfuerzos y su manejo de los documentos del gobierno. También enfrenta demandas civiles por parte del fiscal general de Nueva York, quien lo acusó de manipular las valoraciones de las propiedades, y una escritora que alega que la violó, lo que él niega.
En conjunto, los cargos conllevan una sentencia máxima de más de 100 años de prisión según la ley de Nueva York, pero una sentencia de prisión real si es declarado culpable en un juicio casi con certeza sería mucho menor que eso.
Si bien la falsificación de registros comerciales en Nueva York por sí sola es un delito menor punible con no más de un año de prisión, se eleva a un delito grave punible con hasta cuatro años de prisión cuando se hace para promover u ocultar otro delito.
El juez fijó la próxima audiencia judicial para el 4 de diciembre y no emitió una orden de silencio sobre ninguna de las partes. En rueda de prensa, el fiscal del distrito de Manhattan, luego de la comparecencia de el exmandatario republicano, dijo que “no podemos y no normalizaremos la conducta criminal grave”.
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