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Si bien los últimos informes sobre el gasto por delitos datan de 2015, sus autores estiman que el deterioro de los indicadores de seguridad lo situaría entre 2,5% y 3% del PIB
Los costos destinados a la seguridad, la contención y los generados por los hechos delictuales en personas y bienes alcanzarán alrededor de los US$9.000 millones este año, de acuerdo con lo estimado por los economistas que han realizado estudios del tema. Esta cifra equivale a un rango que va de 2,5% a 3% de todo lo generado en un año por la economía chilena y que bien podría usarse para construir 18 Costanera Center o tres Línea 7 del Metro.
El gasto está asociado a los costos sociales del crimen, entendidos como el total de los montos, pérdidas, gastos e inversiones que efectúan los hogares, empresas y el Estado en torno al fenómeno de la violencia. Son pocos los estudios de este fenómeno y ellos responden a peticiones realizadas por el Ministerio del Interior en 2004, a uno encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2014 y un trabajo efectuado en la Universidad de Talca en el mismo año.
Los responsables de estas indagaciones, los economistas Mauricio Olavarría, de la Universidad de Santiago, y Rodrigo Saens, de la Universidad de Talca, estiman que -tal cómo muestra la evidencia- el gasto generado por los delitos en el país ha ido subiendo en las últimas décadas.
“Si a principios de los noventa el costo asociado a la delincuencia estaba entre el 1,5% y 2% del PIB, hoy -30 años después- este se ha incrementado del orden de 2,5 y 3% del PIB”, señala Saens.
Los gastos asociados a los delitos en el país se asocian a tres áreas: prevención del delito, que es el área de mayor gasto al involucrar la seguridad pública (Carabineros, Agencia Nacional de Inteligencia, seguridad municipal, por ejemplo) y la privada (seguridad privada en barrios, sistemas de alarmas y vigilancia, transporte de valores, entre otros); las consecuencias del delito, siendo parte importante el daño por muerte, discapacidad o gastos médicos por atención a las víctimas; y las respuestas al delito, en que están los procedimientos y gastos en investigación, sentencias, reinserción y que lo lideran la Policía de Investigaciones, Justicia Criminal, Ministerio Público, y Gendarmería. De hecho, la mantención promedio mensual de un preso por parte del Estado en el sistema tradicional es de $ 1.016.245 mensual, de acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia.
Un estudio del BID calcula que el costo directo del crimen en 17 países de la región en 2010-2014 fue, en promedio, 3,5% del PIB, el doble que en los países desarrollados. Chile se ubica entre las naciones con menor gasto asociado, el que en 2014 llegaba al 2,77% del PIB, es decir, en la parte baja de lo gastado por Honduras (6,51%), El Salvador (6,16%) o Bahamas (4,79%), pero por sobre Barbados (2,68%), Uruguay (2,23% y México (1,92%).
La preocupación despertada por las muertes de cuatro carabineros en las últimas semanas ha obligado a las autoridades a reaccionar para dar mayor tranquilidad a la ciudadanía. Consultado el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresa que “el tema de la seguridad era una prioridad para la población y para este Gobierno. Pero hoy es una urgencia país”. Agrega en que esto explica el por qué “el Presidente Gabriel Boric, con el fin de enfrentar los desafíos de seguridad pública y como parte de una estrategia integral, anunciara un ‘plan de reforzamiento de la seguridad de las policías’ y el ‘plan calles sin violencia’.”
Adicionalmente, Monsalve señala que con el fin de proteger a los funcionarios policiales que participan en operativos y entregarles más y mejores herramientas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, el Gobierno ha destinado un fondo extraordinario de US$1.500 millones para la compra de nuevo equipamiento, la actualización de armamento y el mejoramiento de los protocolos operativos.
Todos estos recursos se suman al Presupuesto 2023 para orden público y seguridad de $164.000 millones, que significaba un incremento de 4,4% respecto de 2022, y que incluye recursos para la reposición de la flota vehicular de carabineros para adquirir 1.054 vehículos y $38.000 millones para el combate contra el crimen organizado.
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