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Los países miembros de la organización discutieron el martes sobre la aguda crisis política y económica que atraviesa Venezuela, un encuentro que podría aumentar la presión regional sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
A solicitud de 18 países, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión para “considerar la situación” de Venezuela, luego de que su secretario general exigió elecciones y la liberación de presos políticos para evitar su suspensión del organismo.
Pero desde que Luis Almagro pidió la sanción sobre el país petrolero, 14 de los miembros del mayor organismo regional (incluidos Estados Unidos y Canadá) dijeron que antes de acatar la propuesta del excanciller uruguayo, deberían agotarse todos los esfuerzos diplomáticos.
“Creemos que lo que aquí se ha consumado es una flagrante violación de los principios de esta organización (...) el carácter de esta discusión es intervencionista”, dijo el representante de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, luego de más de una hora de discusión sobre si debía llevarse a cabo la sesión, que finalmente fue aprobada por 20 países.
En tanto, en las calles de Caracas cientos de personas se congregaron en una “marcha antiimperialista” en apoyo al gobierno y en contra de la OEA. La movilización fue comandada por el vicepresidente Tareck El Aissami, quien acusó a Almagro de “sicario” y “bastardo miserable”. “Este pueblo más nunca se arrodillará al imperio (...) no nos conocen, nos subestiman”, dijo El Aissami, repitiendo la consigna del gobierno, que sostiene que la OEA se ha convertido en un brazo político de Washington y Almagro, en su títere.
Durante la sesión, celebrada en Washington, varios países denunciaron que el gobierno ha secuestrado las funciones de la justicia y cercenado las actuaciones del Parlamento dominado por los adversarios de Maduro.
El árbitro electoral suspendió en octubre del 2016 la convocatoria a un referéndum revocatorio, y el martes, el máximo órgano judicial publicó una sentencia en la que “limitó” la inmunidad parlamentaria.
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