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Según el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento mundial cerró en 93,9% del PIB en 2025 y va camino de acercarse a 100% hacia el final de la década
La deuda pública volvió a ser una preocupación global, pero ahora el problema no es solo cuánto deben los países, sino cuánto les cuesta sostener esa carga en un entorno de tasas más altas y menor margen fiscal.
Según el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento mundial cerró en 93,9% del PIB en 2025 y va camino de acercarse a 100% hacia el final de la década, en un contexto en el que el financiamiento ya no es tan barato como hace algunos años.
En ese escenario, las principales economías muestran niveles que reflejan ese cambio. Japón se mantiene como el país más endeudado, con cifras que superan 200% del PIB, mientras que Estados Unidos e Italia se ubican cerca o por encima de 120%. En el mismo grupo, Francia y Reino Unido también registran aumentos relevantes y, entre los emergentes, casos como Brasil y China evidencian que la tendencia no ha sido exclusiva de los países desarrollados.
En ese contexto, varias economías avanzadas siguen teniendo una ventaja clave: la confianza de los mercados en su capacidad de pago. “Hay economías como Japón, Estados Unidos, Italia, Alemania o Francia que se benefician de una mayor estabilidad y de una mejor percepción sobre su capacidad de pagar la deuda”, explicó Remi Stellian, profesor de economía de la Universidad Javeriana.
Esa reputación, construida durante años de cumplimiento en sus obligaciones, sigue jugando a su favor. “Ese estatus de economías avanzadas y de buen pagador hace que el riesgo de crédito sea menor y les permite tener más espacio para seguir acumulando deuda”, agregó Stellian, quien señala que, al menos en el corto plazo, no se anticipan cambios drásticos en esa dinámica.
Antes de la pandemia, muchos gobiernos ya venían gastando más de lo que recaudaban, apoyados en tasas de interés históricamente bajas que hacían más fácil endeudarse. Esa dinámica permitió sostener déficits durante años sin una presión inmediata sobre las cuentas fiscales.
Luego llegó el golpe económico de 2020 y el endeudamiento se disparó para evitar una crisis mayor. Esa respuesta ayudó a contener el impacto de la recesión y a sostener ingresos y empleo, pero también dejó una base de deuda mucho más alta que ahora condiciona las decisiones de política económica.
Stellian asegura que “las necesidades de deuda que surgieron con la pandemia siguen presentes y en algunos países el ajuste puede tardar varios años, incluso hasta la próxima década”. Añade que hay economías que apenas están proyectando volver a niveles prepandemia.
“Aún hoy, con un cambio demográfico marcado por una población cada vez más envejecida, el gasto social tiende a aumentar y es poco probable que esa tendencia se revierta”.
Ahora el escenario cambió y esa deuda dejó de ser barata. El FMI señala que el costo del endeudamiento se ha duplicado o incluso triplicado en algunos casos, lo que significa que una parte cada vez mayor del presupuesto se destina a pagar intereses, en lugar de financiar inversión, salud o educación.
En economías avanzadas, como Estados Unidos, esos pagos ya compiten con otros rubros clave del gasto público, mientras que en países de menores ingresos pueden llegar a representar cerca de una quinta parte de la recaudación. Esto reduce el margen de maniobra de los gobiernos y limita su capacidad de reacción frente a nuevos choques económicos.
Esa presión obliga a tomar decisiones que antes se podían postergar. El dilema se vuelve más evidente cuando las sociedades demandan más gasto social, pero al mismo tiempo muestran resistencia a mayores impuestos, lo que termina estrechando el espacio fiscal y obligando a priorizar entre programas. El contexto global añade más incertidumbre.
La confianza de los ciudadanos se ha vuelto clave en el debate fiscal, porque cuando no hay claridad sobre cómo funcionan las cuentas públicas, el respaldo a las reformas se debilita. Según el FMI, solo 42% de las personas entiende que subir impuestos o recortar gasto reduce el déficit y más de 60% subestima la deuda de su país, lo que le resta urgencia a los ajustes. A esto se suma el temor de perder pensiones o servicios y la percepción de que los sacrificios no serán equitativos, lo que termina frenando decisiones mientras la deuda sigue creciendo.
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