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Después de YPF, gobierno de Argentina le quita concesiones energéticas a Petrobras

miércoles, 4 de abril de 2012
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La avanzada del Gobierno y las provincias contra la petrolera YPF comenzó a salpicar al resto de las compañías del sector, que hasta ahora habían permanecido intactas.

Después de quitar yacimientos a la empresa de la española Repsol y la familia Eskenazi, la provincia Neuquén, el mayor pulmón energético de la Argentina, decidió retirarles concesiones a dos pesos pesado: la brasileña Petrobras, que responde a la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, y a Tecpetrol, del grupo Techint, de la familia Rocca. En esa lista también sumó a Argenta, una empresa de menor porte.

Si bien varias provincias decidieron en las últimas semanas quitarles concesiones a YPF en represalia a la supuesta escasa inversión, el movimiento que determinó el gobernador Jorge Sapag (uno de los mejores interlocutores con el sector energético y, al mismo tiempo, de aceitado vínculo con la presidenta Cristina Fernández) es el primero que encabeza un líder provincial y va más allá de la ex estatal.

En el caso de la empresa de Techint, la gobernación informó que le retiró el área Fortín de Piedras porque constató que está sin producción y con inversiones insuficientes. Un argumento similar esbozó en el caso de Veta Escondida, hasta ahora en manos de la brasileña. La provincia la había intimado por otras dos áreas.

En el entorno de Sapag reconocieron a El Cronista que luego de la primera etapa, en la que priorizaron activos sin producción, apuntarán a concesiones con extracción, pero a su juicio con escasos desembolsos.

'Es lógico que la provincia decida la reversión de esas áreas. Esas empresas las tienen desde hace años y no hay producción ni inversiones', explicó un funcionario con pedido de reserva.

Neuquén tiene, además, en estudio para una posible rescisión de contrato a otras ocho áreas de YPF.

La decisión de la gobernación es parte de un plan más amplio. La medida se enmarca en el Acuerdo Federal de Hidrocarburos firmado entre el Estado nacional y las provincias productoras, destinado a aumentar la producción, garantizar el abastecimiento del país, generar trabajo argentino, ahorrar divisas y atraer inversiones. Ese documento fue la punta de lanza de reversiones a YPF en Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Mendoza.

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