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Tiene como objetivo combatir el voto de personas que no son ciudadanas, pero que los críticos sostienen que podría privar del sufragio a personas con derecho.
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La Corte Suprema de Estados Unidos reactivó el viernes una base de datos sobre inmigración que, según el Gobierno del presidente Donald Trump, tiene como objetivo combatir el voto de personas que no son ciudadanas, pero que los críticos sostienen que podría privar del sufragio a personas con derecho.
Los magistrados aceptaron la solicitud del Departamento de Justicia de bloquear la orden de un juez que impidió a los funcionarios estatales usar los números de la Seguridad Social y otros datos para hacer comprobaciones exhaustivas de la condición de ciudadanía de los votantes inscritos cotejándola con los registros federales.
El acuerdo de intercambio de datos gubernamental forma parte de una serie de medidas que refuerzan la implicación del Gobierno federal en el proceso electoral antes de los comicios legislativos de noviembre, en los que el Partido Republicano de Trump busca mantener el control del Congreso.
La Constitución otorga a cada estado la autoridad principal para organizar y administrar las elecciones.
El Departamento de Seguridad Nacional rediseñó el año pasado una base de datos federal conocida como "Verificación sistemática de extranjeros para prestaciones» (Save, por sus siglas en inglés), usada para verificar la ciudadanía y la situación migratoria de una persona.
Desde entonces, varios estados gobernados por republicanos han cotejado sus listas electorales con la base de datos, y a algunos votantes señalados como posibles no ciudadanos se les ha cancelado su inscripción.
Los críticos dicen que estas medidas de los republicanos no responden tanto a preocupaciones por la seguridad electoral como a un intento de obtener ventaja política reduciendo el electorado, con el riesgo de privar del voto a ciudadanos con derecho a ello que, a menudo, se inclinan por el Partido Demócrata.
Los grupos que presentaron una demanda para bloquear el sistema Save revisado afirmaron que el nuevo enfoque ha provocado que personas identificadas erróneamente como no ciudadanos hayan sido eliminadas de las listas electorales.
Argumentan que el sistema Save puede estar desactualizado, lo que significa que los inmigrantes que se han naturalizado como ciudadanos estadounidenses y, por lo tanto, tienen derecho a votar, a veces son etiquetados como no ciudadanos.
La tasa de error global del sistema modificado no se conoce públicamente. Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el de Justicia facilitaron la información cuando se les solicitó.
En su escrito presentado ante la Suprema, los grupos de derechos civiles citaron a un funcionario electoral del condado de Travis, en el estado de Texas, quien afirmó que 25% de las coincidencias de no ciudadanos detectadas por el sistema en esa zona correspondían a personas que ya habían demostrado su ciudadanía estadounidense.
También se refirió a informes periodísticos que revelaron que al menos 81% de las respuestas del sistema en el condado de San Luis, en el estado de Misuri, eran erróneas.
En una sentencia de junio que bloqueaba la base de datos renovada, la jueza federal de distrito Sparkle Sooknanan, en Washington D. C., señaló que el sistema se elaboró de forma descuidada y contenía datos de ciudadanía poco fiables.
"En definitiva, el Gobierno federal ha pisoteado a sabiendas los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el derecho sagrado al voto", escribió Sooknanan. "Este tribunal no puede quedarse de brazos cruzados mientras eso ocurre".
El Tribunal de Apelación para el Circuito del Distrito de Columbia, en una sentencia de 2 a 1 dictada el 4 de septiembre, se negó a suspender la resolución de Sooknanan, lo que llevó al Gobierno a presentar un recurso ante la Suprema.
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