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Los argumentos presentados por el gobierno de Evo Morales no fueron suficientes
En medio de la controversia entre Bolivia y Chile sobre el acceso soberano al Océano Pacífico del país que gobierna Evo Morales, el fallo de la Corte Internacional de La Haya destacó que los documentos presentados por Bolivia "no presentan obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar".
"No hay pruebas que indiquen que Chile tiene obligación de negociar", aseguró el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, presidente de la corte, durante la audiencia donde se emitió el fallo definitivo.
Durante la ceremonia, el funcionario destacó que Bolivia no pidió a la corte declarar que tiene derecho a un acceso soberano al mar, sino que reclamaba que Chile estaba bajo obligación de negociar para alcanzar un acceso soberano al Pacífico.
A su vez, la corte determino que si Chile esta obligado a negociar en buena fe el acceso soberano al Océano Pacífico, esto no incluía compromiso para alcanzar acuerdo.
Por ello, la corte también mencionó que "la obligación de negociar no puede fundarse en los actos unilaterales de Chile a los que hace referencia Bolivia".
"La disposición que ha mostrado Chile no puede entenderse como una obligación de negociar una salida soberana al océano pacífico", agregó el juez.
Durante la lectura del fallo, la Corte también descartó que existiera obligación de negociar en los años 1920, 1950, 1975, 1986 y 2000. Además, también se desechó cualquier posibilidad de negociación en la "agenda de los 13 puntos" que ambos gobiernos acordaron revisar en 2013.
Uno de los fundamentos de Bolivia al que se le puso especial atención durante el fallo fue aquel que aseguraba que en 1950, "en el intercambio de notas solo se nota cierta intención de negociar de Chile", aunque el juez Yusuf dijo que "no son consideradas una exigencia o condición a negociar".
"Las negociaciones entre Chile y Bolivia no progresaron desde 1950 en adelante", concluyó.
Las regiones más afectadas se concentrarían en los países del Consejo de Cooperación del Golfo y en el Levante, donde se prevé que cada una pierda más de 5,2 % de su PIB
El cambio se produce tras meses de presión de empresas que afirmaban haber sido afectadas injustamente por los aranceles previos
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