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Los fiscales del Distrito Central de Seúl anunciaron que han acusado, sin orden de detención física, tanto a Kalanick como al director ejecutivo de una empresa coreana local de alquiler de coches supuestamente asociada a Uber, una aplicación que pone en contacto a pasajeros con vehículos registrados en su servicio.
Ambos directivos, para los que se podrían pedir hasta dos años de cárcel, están acusados de violar la ley encargada de regular los servicios de transporte de pasajeros del país, que prohíbe a las empresas de alquiler de coches utilizar sus vehículos para realizar este tipo de negocios.
Tras fuertes protestas de los taxistas de la capital surcoreana, el Ayuntamiento de Seúl ya ha presentado en varias ocasiones denuncias ante la Fiscalía contra Uber Korea (subsidiaria de Uber en el país asiático) y ha propuesto una revisión del marco legal surcoreano para terminar con el servicio de la empresa.
El pasado viernes el director de la división de tráfico de Seúl, Kim Kyung-ho, prometió castigar a los conductores que cooperen con Uber mediante una ordenanza por la cual se recompensará con hasta 1 millón de wones (744 euros/910 dólares) a todo aquel que denuncie sus actividades.
A pesar de las acciones de las autoridades, la compañía estadounidense ha seguido operando en la ciudad.
Uber, estrenada por primera vez en San Francisco en 2010, está en el punto de mira de la justicia de varios países, entre ellos España u Holanda, que lo han prohibido por competencia desleal a profesionales como los taxistas, entre otras razones.
El presidente José Jerí hizo el anuncio mediante un decreto publicado menos de dos horas antes de la medianoche de la víspera de Año Nuevo en el sitio web oficial del gobierno.
Los medios estatales y grupos de defensa de los derechos humanos han informado de al menos seis muertos desde el miércoles
La causa del incendio, que en un principio se informó que había sido una explosión, seguía sin estar clara, pero las autoridades afirmaron que parecía tratarse de un accidente y no de un ataque