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Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte y José Jerí asume presidencia de Perú
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Tras la aprobación de la vacancia de Dina Boluarte, el Congreso tuvo que definir por algunos minutos al sucesor en la presidencia de la República
El Pleno del Congreso de la República aprobó las mociones de orden del día N° 19769, 19770, 19771 y 19772, que declaran la permanente incapacidad moral de Dina Boluarte y, en consecuencia, la vacancia presidencial. Tras ello, José Jerí, entonces presidente del Congreso, asumió la presidencia de la República.
La moción de vacancia salió adelante con 122 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Tras la aprobación de la vacancia de Dina Boluarte, el Congreso tuvo que definir por algunos minutos al sucesor en la presidencia de la República. Desde un primer momento se mencionó al actual titular del Parlamento, José Jerí, como sucesor directo; sin embargo, antes fue necesario votar una moción de censura contra la Mesa Directiva, que finalmente no prosperó.
“Juro por Dios, por mi país, por todos los peruanos, que ejerceré fielmente le cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú desde este momento hasta el 26 de julio del 2026; que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, de nuestra República; la independencia de nuestras instituciones democráticas que cumpliré y haré cumplir la Constitución, las leyes de nuestro país y las libertades de nuestra República”, manifestó José Jerí durante su juramentación como nuevo presidente de la República.
Como se recuerda, para admitir la vacancia de un presidente en Perú eran necesarios 87 votos, que corresponden a dos tercios de los 130 miembros del Congreso, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución política del país.
Previamente, el Pleno del Congreso ingresó a debate para definir si las mociones serían discutidas esta misma noche o si su análisis se postergaría para una siguiente sesión.
Si bien la bancada de Fuerza Popular planteó otorgar un mayor plazo a la mandataria para que pudiera presentarse ante el Pleno, la propuesta fue rechazada por la mayoría de grupos parlamentarios, que optaron por continuar con el proceso y debatir las mociones en la misma sesión de la noche.
Superada la valla de 104 votos (votaron a favor 118 parlamentarios), se decidió citar a la mandataria para el jueves a las 11:30 p.m. para que ejerza su derecho de defensa. Sin embargo, la mandataria decidió no asistir al Pleno.
José Jerí afrontó acusaciones de presunta corrupción ligadas a su rol en la Comisión de Presupuesto. Blanca Ríos, empresaria, denunció que cuando él presidía dicha comisión, se entregó un soborno de S/150.000 a operadores de su entorno a cambio de que un proyecto en Cajamarca fuera incorporado en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según reveló el dominical Panorama. Las imputaciones fueron negadas pro el legislador, en su momento.
Asimismo, fue investigado por el presunto delito de violación sexual, en agravio de una mujer cuya identidad se mantiene en reserva. Tras conocerse el caso, el partido Somos Perú lo suspendió temporalmente.
Sin embargo, la Fiscalía Suprema de Familia ordenó archivar la investigación contra José Jerí por este delito. El despacho fiscal, a cargo del fiscal supremo titular Tomás Gálvez, dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra el legislador.
El Congreso de la República recibió este jueves cinco mociones de vacancia presidencial contra Dina Boluarte, todas sustentadas en la causal de “permanente incapacidad moral” establecida en el artículo 113, inciso 2, de la Constitución Política del Perú. No obstante, solo las cuatro primeras se dieron cuenta en la primera sesión del Pleno de la jornada.
La primera de ellas fue presentada por un grupo de congresistas que acusan a la mandataria de haber incurrido en graves actos de corrupción, faltas éticas e incapacidad para conducir el país, en medio de un contexto de creciente crisis política y social.
La moción de orden del día N° 19769 argumenta, principalmente, que la presidenta ha incurrido en graves acusaciones de corrupción, ha vulnerado los principios éticos que deben regir la función pública y ha demostrado incapacidad para el servicio a la Nación.
La segunda moción de vacancia, moción de orden del día N° 19770, señala también la causal de permanente incapacidad moral. Entre los argumentos, menciona que la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles críticos sin precedentes bajo la actual gestión presidencial, evidenciando una falta de liderazgo, capacidad, coordinación y voluntad política para enfrentar al crimen organizado que hoy viene sometiendo al país.
Dentro de los argumentos de la tercera moción de vacancia presentada, moción de orden del día N° 19771, se compartieron cifras recientes del Sinadef, en el que se reportan niveles elevados de homicidios en el país. Asimismo, los datos alarmantes en extorsión, sicariato y criminalidad en nuestro territorio.
En tanto, la cuarta moción presentada, moción de orden del día N° 19772, también señala la causal de permanente incapacidad moral. El principal fundamento que menciona es la “incapacidad total para dirigir la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”.
La quinta moción, se presentó, luego de que convocará al nuevo Pleno del Congreso, por lo que esta no entró al debate que llevóa ala salida de Boluarte. Se trata de la 19781/2025 impulsada por el legislador Juan Burgos de Podemos Perú.
Castill obtuvo un fuerte apoyo en áreas rurales pobres para ganar unas apretadas elecciones con un partido marxista, pero cayó rápidamente en las encuestas de opinión y se enfrentó a la constante oposición de un Congreso fragmentado con un fuerte bloque conservador.
El ahora expresidente había sobrevivido a dos votos de juicio político, antes de finalmente ser expulsado el 7 de diciembre en un día dramático en el que había intentado disolver el Congreso, lo que generó acusaciones de un "golpe de Estado".
Castillo está preso mientras enfrenta un proceso judicial.
Merino, que era el presidente del Congreso dominado por la oposición, tomó la presidencia en noviembre del 2020 tras la expulsión del entonces mandatario Martín Vizcarra, en una decisión que generó diversas manifestaciones con un saldo de dos muertos y decenas de heridos; y desencadenó la renuncia de más de la mitad del gabinete de ministros.
Fue el mismo Congreso fragmentado que acordó pedir, tras conocerse las víctimas de las protestas, la renuncia "inmediata" de Merino, miembro del partido de centro derecha Acción Popular.
Según reportes de la fiscalía local, Vizcarra supuestamente había recibido, cuando fue gobernador de una región del sur del país hace una década, 2,3 millones de soles (US$640.000) en sobornos de dos empresas que ganaron la licitación de obras públicas, algo que el mandatario ha negado.
Vizcarra, que estuvo envuelto en un escándalo por recibir de forma irregular una vacuna contra el covid-10, permaneció en prisión preventiva por poco más de dos semanas a mediados de agosto de este año, hasta que un juez lo excarceló mientras espera un juicio en la que los fiscales han pedido 15 años de prisión.
Se encuentra con comparecencia restringida mientras fiscales lo investigan por presuntamente favorecer contratos a la que fue la constructora Odebrecht, para construir una obra de riego y una vía cuando era ministro del expresidente Alejandro Toledo.
Kuczynski negó inicialmente tener algún vínculo con el grupo brasileño pero terminó por reconocer que su consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de proyectos que había ganado mientras era ministro. Luego Kuczynski renunció a la presidencia en medio de las presiones del Congreso.
El militar retirado cumple una condena de 15 años de prisión desde abril de este año, acusado de recibir tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral presidencial del 2011. Según la fiscalía, parte de los fondos ingresó a su partido y otra parte se usó para elevar el patrimonio familiar.
La esposa de Humala, incluida en el juicio, viajó a Brasil y solicitó asilo antes de que se conociera el fallo judicial.
La canciller Rosa Villavicencio confirmó que la delegación nacional no asistió al evento, argumentando que el galardón no debía ser otorgado “a alguien que incita a la agresión”
La inflación anualizada hasta noviembre fue de 1,37% y se mantuvo cerca del límite inferior del rango meta establecido por el banco central, de entre 1% y 3%
El negocio genera 3.500 millones de reales (US$660 millones) anuales, y se prevé que la producción aumente un tercio en tan solo dos años
