Comisión panameña aprueba reformas que complican la participación de candidatos

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Las recientes decisiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, Cnre, han provocado un creciente malestar entre movimientos ciudadanos y figuras independientes en Panamá. El organismo aprobó ajustes al Código Electoral que elevan las exigencias para quienes aspiren a un cargo por libre postulación, generando denuncias de que los cambios restringen la participación política fuera de los partidos.

Entre las modificaciones aprobadas se incluye la obligación de que cualquier persona que quiera buscar una candidatura independiente esté desvinculada de un partido con al menos un año de anticipación. Además, se mantiene la exigencia de recopilar un número significativo de firmas, calculado en función de los votos válidos de la elección anterior para cada cargo.

La recolección de firmas también estará sujeta a un periodo más limitado, lo que reduciría la capacidad de organización de quienes no cuentan con estructuras partidarias.

Uno de los puntos que ha generado mayor rechazo es la regla que interpretaría como renuncia automática la firma de apoyo otorgada por un miembro de un partido a un aspirante independiente. Para diversos sectores, esta medida no solo penaliza a los ciudadanos que desean participar más allá de las directrices de su colectividad, sino que además desalienta el respaldo a opciones fuera de los partidos tradicionales.

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Grupos organizados y diputados que llegaron al cargo por la vía independiente han advertido que las reformas representan un retroceso democrático. Señalan que las nuevas disposiciones consolidan ventajas para los partidos y colocan obstáculos adicionales a quienes buscan competir sin una estructura partidaria detrás.

Algunos legisladores han anunciado que revisarán el paquete de reformas cuando llegue al pleno, anticipando que promoverán cambios para evitar restricciones que consideran desproporcionadas.

Los defensores de las modificaciones sostienen que las nuevas reglas buscan ordenar el proceso de postulación, prevenir abusos y garantizar que la figura de la candidatura independiente mantenga su carácter excepcional y transparente. También argumentan que los partidos y los aspirantes deben tener reglas claras para evitar duplicidades o estrategias que confundan al electorado.