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En uno de los indicadores de gobernanza realizado por el Banco Mundial se pudo evidenciar que el país lleva rezagado 20 años en ranking global y regional de efectividad
En el índice de efectividad gubernamental del Banco Mundial, Colombia ocupó el puesto 104 a nivel mundial y el séptimo a nivel regional. Este es uno de los seis indicadores mundiales de gobernanza (WGI) del BM, que miden la calidad de los gobiernos en más de 200 economías del mundo con datos anuales desde 1996.
Este indicador, específicamente, en términos sencillos, mide la percepción de las personas sobre qué tan bien funciona un gobierno o no, teniendo en cuenta cuatro aspectos principales: la calidad de los servicios públicos, qué tan ‘buenos’ e independientes son los funcionarios públicos, qué tan bien están diseñadas las políticas y leyes del país y la credibilidad en las decisiones gubernamentales.
Entre 213 países del mundo, los líderes en este indicador fueron Singapur, Japón, Luxemburgo y Dinamarca, con puntajes de entre 2,28 y 2,02. En Latinoamérica, Chile, Uruguay y Costa Rica ocuparon los primeros lugares, con puntajes de entre 0,96 y 0,29. Colombia, por su parte, obtuvo un puntaje negativo de -0,11 y se ubicó por debajo de países como Panamá, Argentina y República Dominicana. Sin embargo, su posición media le permitió superar a países como Brasil, Ecuador y México, que obtuvieron puntajes de -0,22 cada uno.
El BM presenta estos resultados en una escala de -2,5 (que representa una gobernanza débil) a 2,5 (que representa una gobernanza fuerte). Para entender el puntaje, inicialmente el cero funciona como la mitad exacta del mundo, ya que el promedio global (evaluando a 193 países en 2024) es de apenas 0,05 puntos. Esta medida permite clasificar el desempeño de los gobiernos: en el límite superior están los líderes mundiales, con servicios públicos e instituciones altamente eficientes, como Singapur con 2,28 puntos, mientras que en el extremo negativo aparecen naciones con crisis profundas, como Venezuela con -1,47.
El Banco Mundial señala que el país lleva cerca de 20 años sin lograr ubicarse por encima de la mitad de la tabla en este ranking. Javier Garay, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, explica que, al basarse en percepciones y encuestas, este indicador refleja el fenómeno de desconfianza profunda hacia el poder, la política y los funcionarios públicos en el país.
Este fenómeno no es solo colombiano, sino característico de la región: los ciudadanos terminan siendo más susceptibles a los escándalos mediáticos y a las noticias coyunturales, por lo que su percepción del país se ve reflejada en las cifras del índice.
No hay que devolverse en el tiempo para entender por qué no mejoramos: en estos días, la investigación que se adelanta contra el ahora expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por un presunto tráfico de influencias al utilizar su cargo para favorecer intereses particulares en la compra de un inmueble de lujo en la capital,así como las indagaciones que enfrenta por la presunta violación de los topes electorales durante la campaña presidencial del actual mandatario Gustavo Petro en 2022, muestran claramente por qué las personas perciben que el Estado no es confiable ni efectivo.
Por otro lado, Gonzalo Araujo, politólogo y socio de Orza, señala que el indicador del BM refleja directamente qué tanto resuelven los Estados los problemas de los ciudadanos. En ese sentido, Araujo afirma que el país lleva muchos años sin poder consolidar un modelo político y económico que resuelva las problemáticas que preocupan a la mayoría de los ciudadanos y que, además, el panorama no puede mejorar si persisten obstáculos como la cooptación de los servicios públicos por parte de intereses de pequeños grupos políticos.
Algunas posibles rutas de acción incluyen mejorar la narrativa institucional, despolitizar los servicios públicos y blindar las políticas sociales a largo plazo.
Garay explica que al Estado colombiano le ha hecho falta una verdadera pedagogía para explicarle a la opinión pública cuáles son sus avances técnicos y mejoras en la eficiencia estatal, como, por ejemplo, la digitalización de servicios, la inclusión de comunidades étnicas y pequeños emprendedores en la contratación pública, el gasto social en programas como el PAE, entre otros.
“La confianza en un país está siempre asociada al desempeño democrático de la misma, pero los políticos creen que solo está asociada a sus propios intereses”.
“En cierto sentido estos resultados también son por la ‘cultura política’ en el caso latinoamericano en general y en Colombia esto refleja una desconfianza ”.
Ambos coinciden en que la baja efectividad estatal no se soluciona solo con reformas de ley en el sistema, sino también con el rediseño de políticas públicas enfocadas en el largo plazo y con un impacto real, libres de intereses partidistas del gobierno de turno.
También advierten sobre el impacto del hiperpresidencialismo: un avance de años puede revertirse simplemente con una decisión política del Ejecutivo. Por ello, es prioritario pensar en mecanismos que limiten la capacidad de decisión del Ejecutivo, en especial de la figura presidencial, para poder garantizar una continuidad en las reformas del Estado y su aparato burocrático. Garay señala que “no es una discusión fácil”, pero es una que tiene que empezar a darse dentro del gobierno.
Respecto a todos los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial, que incluyen además otros factores como la rendición de cuentas, la estabilidad política, la calidad regulatoria, el Estado de derecho y el control de la corrupción, y miden el puntaje de un país de 0 a 100, el ranking global no cambia mucho: Noruega lidera (90,62), seguido de cerca por Dinamarca (90,02), Finlandia (89,29), Suecia (87,09) y Nueva Zelanda (86,42). En Latinoamérica, el líder es Uruguay con casi 80 puntos, seguido de Costa Rica y Chile. Colombia se ubica en la mitad del ranking con 57,45 puntos, por encima de países como Ecuador, Paraguay y México.
Una de las fuentes que el Banco Mundial tuvo en cuenta para hacer el indicador de efectividad gubernamental fue la encuesta de la organización chilena Latinobarómetro, que muestra que el rezago colombiano se explica en las percepciones de desconfianza que tienen las personas en instituciones clave como las del poder judicial, el Congreso y la presidencia. Además, hay algunos obstáculos prácticos, como el acceso a servicios de electricidad y transporte en todo el país, que hacen que los ciudadanos no puedan mejorar su percepción.
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