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Una investigación interna independiente halló que los pagos hechos a intermediarios por protección para mantener abierta la planta de Jalabiya, al norte de Siria, no estaban en línea con las políticas de la empresa.
"Se cometieron errores significativos de juicio, contraviniendo el código de conducta aplicable", dijo la compañía, que añadió que la pesquisa no determinó que Olsen sea responsable de infracción alguna.
Olsen, que encabeza la empresa desde su creación tras una fusión hace dos años, dijo que dejará el cargo a partir del 15 de julio.
"Aunque yo no estuve involucrado y ni siquiera me enteré de ninguna irregularidad, creo que mi partida contribuirá a devolver la serenidad a una compañía que ha estado expuesta durante meses por este caso", dijo Olsen, que tiene nacionalidad francesa-estadounidense, en un comunicado.
La fiscalía francesa también está investigando las actividades del grupo en Siria. Dos organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda en París contra Lafarge, diciendo que parte de su trabajo en Siria podría haberla hecho cómplice en el financiamiento de Estado Islámico y en crímenes de guerra.
La dimisión de Olsen puso de relieve los dilemas que enfrentan las empresas cuando trabajan en zonas de conflicto.
El informe hizo énfasis en el caos que se vivía en Siria en 2013 y en la evacuación de la planta en septiembre de 2014, y agregó que los gerentes locales de la empresa creían que estaban actuando de acuerdo al interés de la compañía y de su personal tratando de mantener la planta abierta.
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