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El objetivo es apoyar a la compañía para evitar un potencial impago si los inversores de sus bonos piden el cobro anticipado de los títulos, lo que le obligaría a desembolsar un máximo de US$563 millones
La Comunidad da apoyo financiero al Canal porque los inversores de una emisión de bonos de US$563 millones (500 millones de euros) tienen derecho a pedir el cobro anticipado por la crisis en Colombia.
La Comunidad de Madrid ha decidido no cobrar, al menos por el momento, el dividendo que le corresponde del Canal de Isabel II, de US$160 millones (142 millones de euros). El objetivo es apoyar a la compañía para evitar un potencial impago si los inversores de sus bonos piden el cobro anticipado de los títulos, lo que le obligaría a desembolsar un máximo de US$563 millones (500 millones de euros).
Así consta en un informe publicado ayer por Moody's, en el que mantiene a la empresa el ráting en Baa1, precisamente por el respaldo financiero de la Comunidad. "La ratificación del ráting se debe al nivel de apoyo que espera recibir el Canal de su principal accionista, la Comunidad de Madrid, en el caso de que sea necesario para evitar un impago".
Y añade: "El 29 de marzo, la Comunidad (tiene el 82%) acordó de forma informal retrasar el cobro del dividendo de US$160 millones (142 millones de euros) planeado, para proveer de recursos extra de liquidez con el fin de hacer frente a cualquier amortización anticipada del bono". Fuentes del Canal confirmaron esta información.
Esos US$160 millones (142 millones de euros) corresponden a los US$105 millones (94 millones de euros) del dividendo a cuenta de 2018 y dos complementarios de 2017 y 2018 de US$38 y 15 millones (34 y 14 millones de euros), respectivamente. "Se trata de una medida de contingencia porque, desde el punto de vista contable, los US$563 millones (500 millones de euros) deuda a largo plazo se convierten en deuda a corto", indican fuentes del mercado.
Gracias a esta decisión del Gobierno regional, el Canal de Isabel II contará con una caja cercana a los US$411 millones (365 millones de euros) y, según fuentes financieras, está negociando además ampliar líneas de crédito con los bancos por hasta US$185 millones (165 millones de euros) por si la Comunidad decide cobrar el dividendo. El resto del accionariado (el 18%), en manos de los ayuntamientos, sí se lo han ingresado en su cuenta.
El factor que ha desencadenado esta situación es la formalización por parte de la Fiscalía colombiana, el 4 de abril, de la demanda con fines de expropiación de las acciones de Inassa, filial del Canal de Isabel II, en la empresa Triple A de Barranquilla que están bajo embargo cautelar desde octubre.
Entonces, la Fiscalía anunció que había pruebas sobre supuestos pagos fraudulentos ocurrridos a través de un "contrato de asistencia técnica" entre 2000 y 2017, que habrían causado un deterioro patrimonial de 236.853 millones de pesos equivalente a US$76 millones (68 millones de euros) a Triple A, que está participada por Inassa. La compañía no ha recibido todavía la demanda. A partir de ahí, según las mismas fuentes, estudiará qué pasos dar porque supone el 10% del ebitda consolidado.
Este embargo hizo saltar lo que, en jerga financiera, se conoce como trigger. Esto da derecho a los bonistas a reclamar el pago de unos títulos emitidos en febrero de 2015, con un cupón del 1,68% y a un plazo de diez años, es decir, con vencimiento en 2025. No obstante, a día de hoy, según fuentes financieras, ningún bonista lo ha pedido. Sólo Pimco y Schroders han llamado para informarse. La compañía podría plantearse mantener una reunión con los inversores.
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