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Brookfield administra alrededor de US$222.000 millones en activos de infraestructura, incluidos centros de datos y gasoductos
Brookfield Asset Management disolverá una subsidiaria que opera las dos autopistas más transitadas de Perú debido a pérdidas insostenibles que la compañía atribuye a las autoridades locales.
La filial, Rutas de Lima, administra concesiones viales que se convirtió en un punto de conflicto con el alcalde limeño Rafael López Aliaga, un combativo conservador que consideraba el cargo prometiendo eliminar los pesados por considerarlos producto de la corrupción.
RdL señaló en un comunicado que sus ingresos habían caído más del 60% en los últimos años debido a la suspensión de puestos de cobro. La compañía seguirá operando las vías por ahora, indicó.
La repentina disolución de una filial extranjera de este tamaño es algo muy inusual en Perú, país que intenta proyectarse como destino seguro para la inversión extranjera, en especial de grandes corporaciones mineras y de infraestructura. Brookfield administra alrededor de US$222.000 millones en activos de infraestructura, incluidos centros de datos y gasoductos, y es considerada una de las principales firmas a nivel global.
Brookfield había estimado el valor empresarial de las autopistas en US$2.700 millones, la misma cifra que ahora busca reclamarle al Perú en un arbitraje internacional, alegando una expropiación ilegal de RdL.
En 2016, Brookfield adquirió por US$430 millones una participación mayoritaria en RdL a la brasileña Odebrecht SA, conglomerado que después se vio envuelto en escándalos de sobornos en toda América Latina. Odebrecht mantiene una participación minoritaria en RdL y niega irregularidades en este caso, aunque un exalcalde enfrenta juicio por presuntamente recibir sobornos a cambio del contrato de pesos.
La disolución de RdL permitirá a Lima revocar la concesión y operar directamente la vía, cumpliendo una promesa de campaña de López Aliaga. También le dará a la ciudad la opción de cancelar los cobros restantes si lo decide.
López Aliaga, apodado Porky por su supuesto parecido con el personaje de Looney Tunes, ha comparado a Odebrecht y Brookfield con la mafia y prometió expulsarlos del país. Es considerado como aspirante presidencial en las elecciones del próximo año, en las que los sondeos preliminares lo muestran como favorito.
Las acusaciones de corrupción han perseguido al proyecto durante años, con múltiples arbitrajes y casos judiciales en EE.UU. RdL rechaza esas denuncias y ha ganado US$200 millones en arbitraje, aunque dichos pagos siguen pendientes.
Los problemas financieros de RdL eran bien conocidos. Analistas de Fitch habían estimado que la compañía podría quedarse sin liquidez e incumplir su deuda tan pronto como este año. Gran parte de esa deuda está en manos de administradoras de fondos de pensiones privadas de Perú.
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