Bufetes preparan la batalla legal de las eléctricas por el apagón que afectó a Europa

Varios despachos emiten en tiempo récord 'legal opinions' para ayudar a decidir la estrategia de las empresas, que se ven obligadas a buscar alternativas a sus asesores habituales ante los conflictos de interés.

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"Va a haber una batalla de las buenas". Así se pronunciaba un destacado socio de uno de los despachos que ya empiezan a armar sus equipos legales para lo que se estima será una dura y larga guerra legal por resolver quién debe hacerse cargo de los problemas que generó el apagón total del pasado 28 de abril.

Con las grandes eléctricas y Redeia echándose la culpa mutuamente, estas empresas, así como lo han hecho ya también aseguradoras y asociaciones de consumidores, están empezando a tantear si un hipotético litigio les resultaría favorable.

En este sentido, ya son varios los bufetes que están haciendo trabajo previo y emitiendo, como se conoce en el argot jurídico, legal opinions, es decir, documentos en los que abogados expresan su criterio profesional tras una investigación previa y un análisis que ayude al cliente a entender los riesgos legales y a tomar decisiones informadas. Estos documentos incluyen un estudio de las leyes aplicables, menciones a la jurisprudencia previa y también suelen contar con una conclusión o recomendación de la firma que lo emita.

Con estas legal opinions sobre la mesa, los departamentos jurídicos internos y los comités de dirección deberán encontrar la mejor estrategia legal, para la que se apoyarán, casi con total seguridad, en despachos externos.

Con las eléctricas decidiendo, en algunos casos, quiénes serán los despachos seleccionados para esta batalla legal, algún nombre ya ha salido a la luz. Según publica El Confidencial, Red Eléctrica ha contratado a Uría Menéndez para liderar la respuesta ante la oleada de reclamaciones que previsiblemente recibirá el operador del sistema eléctrico, controlado 20% por el Estado.

De acuerdo con su política habitual, Uría Menéndez no comenta acerca de clientes ni asuntos, aunque sí confirma que nunca presta asesoramiento en cuestiones que puedan generar conflictos con ninguno de sus clientes.

Despachos de cabecera

Algunos de los principales despachos nacionales conocen muy bien a las eléctricas, con las que trabajan a menudo tanto en operaciones corporativas como en el asesoramiento en materia laboral o fiscal.

Por ejemplo, en los últimos meses Pérez-Llorca ha asistido a Endesa en la compra de 100% de Corporación Acciona Hidráulica por 1.000 millones de euros, A&O Shearman ha asesorado a Iberdrola en la venta de contadores inteligentes de luz al fondo australiano Macquarie por más de 1.000 millones de euros y Freshfields trabaja con Naturgy en la auto-opa de 2.400 millones anunciada en marzo.

No obstante, el hecho de que estas firmas sean colaboradoras habituales para las eléctricas en determinados ámbitos no implica que también vayan a ir de la mano en este asunto, que requiere de profesionales especialistas en litigación. Además, la estrecha relación entre estas compañías y buena parte de los grandes bufetes españoles puede sacar a la luz conflictos de interés que echen al traste el asesoramiento.

Así, en el caso del primer pleito histórico por greenwashingque tuvo lugar en España y que enfrentó a Iberdrola contra Repsol, varios despachos se vieron obligados a rechazar su participación en el asunto por estar conflictuados. Finalmente, Ontier asesoró a Iberdrola, mientras que Dentons hizo lo propio con Repsol.

Por ello, y a la espera de que las compañías terminen de conformar su representación legal, estos conflictos de interés sitúan a los despachos ante un dilema y abren las puertas del caso a las boutiques especializadas en litigación que habitualmente no trabajan con ellas.