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La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) afirma que se ha presentado una “propuesta que puede dar una solución a largo plazo” al conflicto que amenaza con paralizar en cualquier momento las obras de ampliación de la vía interoceánica.
“Estamos todavía ventilando entre nosotros” de forma separada y conjunta la propuesta que han llevado las partes a la mesa de negociaciones, señaló el administrador de la ACP, Jorge Quijano, antes de añadir que todas las partes esperan que salga “algo bueno de la propuesta”.
El administrador del Canal declinó dar detalles de la propuesta, cuyo origen no quedó claro en la breve referencia que hizo de ella y de la que sólo subrayó que “tiene algo de posibilidades” y “le puede dar una solución bastante a largo plazo al proyecto”. Quijano afirmó, además, que el consorcio liderado por Sacyr ha ampliado el ultimátum que había dado para paralizar las obras, y que vencía ayer, hasta el 31 de enero, según informa Reuters.
La propuesta a la que aludió el administrador del Canal se estaría discutiendo en la reunión entre el consorcio constructor Grupo Unidos por el Canal (Gupc) y la aseguradora Zurich.
Zurich International es la depositaria de un seguro de US$600 millones que respalda el proyecto de diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, que desarrolla el Gupc, liderado por la constructora española Sacyr y la italiana Salini Impregilo.
La nueva propuesta de la autoridad sucede a la planteada este lunes por el consorcio de Sacyr, que sugirió a la ACP cofinanciar los US$100 millones (unos 73 millones de euros) que las obras suponen al mes, como adelantó Expansión.
Este régimen de cofinanciación se mantendría mientras el sistema de arbitraje internacional dirime sobre quien debe asumir los sobrecostes de US$1600 millones ($1.200 millones de euros) que, según las constructoras, acumula el proyecto. La Autoridad del Canal y el consorcio de Sacyr encaran su tercera semana en negociaciones. Las dos partes se sentaron a negociar para solucionar los problemas de la obra el pasado 7 de enero, una semana después de que las constructoras advirtieran de que paralizarían los trabajos en caso de que no se solventara el desequilibrio económico de la obra antes del 21 de enero.
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