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Javier Milei, presidente de Argentina
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La iniciativa fue sancionada en el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, luego de haber tenido media sanción en la Cámara de Diputados
Tras su aprobación en el Senado, el gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Lo hizo por medio del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada. De este modo, el Gobierno convirtió en ley una de sus principales banderas en materia de seguridad y política criminal.
La iniciativa fue sancionada en el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, luego de haber tenido media sanción en la Cámara de Diputados.
Entre los principales cambios, el nuevo régimen reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un nuevo esquema de responsabilidad penal para menores.
De acuerdo con el texto, “el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización, a fin de que el adolescente imputado obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada. Además, deberá tender a disminuir el riesgo de que incurra en la comisión de nuevos delito”.
La normativa señala que la privación de la libertad será el último recurso a aplicar, y por el tiempo más breve posible, y aclara que “la restricción de la libertad durante el procedimiento deberá decretarse en auto motivado y fundamentarse en la existencia de riesgos procesales debidamente constatados”.
Con respecto a los lugares de alojamiento, en caso de que sea indispensable su encierro, indica que deberá hacerse en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, quedando prohibido dicho alojamiento junto a personas mayores de edad.
El punto más sensible del debate es, sin dudas, la baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que un adolescente de 14 años comprende la criminalidad de sus actos y debe asumir consecuencias penales si comete delitos graves. Desde esa perspectiva, la reforma busca elevar los costos del delito juvenil y enviar una señal clara de autoridad del Estado.
Sin embargo, el proyecto no se limita a ese aspecto. La iniciativa reforma la actual ley de la dictadura y crea un régimen específico para menores, con un abanico de sanciones que combinan castigo y resocialización.
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