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El impuesto es exigible básicamente a aquellas fortunas de más de tres millones de euros (US$ 1 millones) (si bien a partir de ahí hay un mínimo exento de 700.000 euros (US$746.280) para los residentes
Los impuestos patrimoniales han tenido tradicionalmente una utilidad censal que ayuda a trazar el mapa de la riqueza de un territorio
El 86% de los 12.000 contribuyentes del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas se concentra en Madrid.
Independientemente de su capacidad recaudatoria, los impuestos patrimoniales han tenido tradicionalmente una utilidad censal que ayuda a trazar el mapa de la riqueza de un territorio. Así, más allá de los 623 millones de euros (US$664 millones) que ha permitido ingresar, el nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas ayuda a situar geográficamente a las mayores fortunas patrimoniales del país.
El impuesto es exigible básicamente a aquellas fortunas de más de tres millones de euros (US$ 1 millones) (si bien a partir de ahí hay un mínimo exento de 700.000 euros (US$746.280) para los residentes y son descontables 300.000 euros del valor de la vivienda habitual, lo que eleva para muchos el umbral a 4 millones), arrojando una cuota de la que es deducible el Impuesto de Patrimonio pagado.
El resultado es que solo hay 12.010 contribuyentes con semejantes fortunas que hayan declarado el impuesto, el 0,1% del total, frente a los 231.000 de Patrimonio. De ellos, 10.302 (86%) se concentran en Madrid; 865 (7,2%) en Andalucía; 342 (2,85%) son no residentes o vecinos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; 322 (2,68%) viven en Cataluña; y 91 en Galicia (0,76%). El resto de regiones cuenta ya con menos de 20 grandes fortunas, partiendo de las 3 de La Rioja o Canarias hasta la 17 valencianas (ver mapa).
Aunque las cifras de algunas regiones pueden parecer bajas, conviene recordar que toda la riqueza ligada a la empresa familiar está exenta de Patrimonio y el nuevo tributo y, por tanto, no aparece en esta foto.
Propietarios de inmuebles, 'cash' y criptomonedas
Los formularios de declaración digital del tributo, que se liquida del 1 al 31 de julio, dan una idea del tipo de contribuyentes sobre los que se centra el tributo: aquellos con gran patrimonio inmobiliario y liquidez.
Así, la declaración exige detallar los bienes inmuebles de naturaleza urbana (excluida la vivienda habitual hasta un importe de 300.000 euros (US$319.890), y rústica, o los afectos a actividades empresariales.
También es necesario facilitar información de los depósitos en cuenta corriente o de ahorro; la tenencia de deuda pública, bonos, obligaciones, certificados de depósito o pagarés.
Hacienda pide detalle específico sobre las acciones y participaciones, fondos de inversión y patrimoniales, o títulos no negociados. El Ministerio, a su vez, reclama a datos de los seguros de vida, rentas temporales y vitalicias; "vehículos, joyas, pieles de carácter suntuario, embarcaciones y aeronaves"; objetos de arte y antigüedades; o propiedad intelectual. Y, claro está, el Fisco solicita detalle sobre los saldos en monedas virtuales.
A partir de estos datos, el Ministerio de Hacienda acaba de recoger los frutos de su última invención impositiva: el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas ha terminado recaudando en su estreno un total de 623,6 millones de euros (US$664 millones) de los 12.010 mayores patrimonios de España en 2022. Los ingresos, inferiores a los inicialmente estimados, proceden al 95% de Madrid, Andalucía y Galicia, allí donde el Gobierno buscaba contrarrestar las bonificaciones aprobadas por el PP sobre el Impuesto de Patrimonio.
La cifra global de ingresos del nuevo impuesto apenas suma el 40% de los 1.500 millones de recaudación potencial calculados originalmente por Hacienda, si bien de aquella cifra había que descontar las cuantías efectivamente abonadas por Patrimonio en aquellas regiones que lo aplican. La recaudación conjunta entre ambas figuras alcanza los 1.868 millones de gravamen sobre la riqueza.
En el caso del nuevo tributo, que afecta únicamente al 0,1% de contribuyentes, los 12.010 con patrimonios superiores a los tres millones, la cuota media resultante ha sido de 52.000 euros (US$55.469).
Los principales afectados, como estaba previsto desde el diseño del tributo, han sido los contribuyentes de aquellas comunidades autónomas que bonifican el pago del Impuesto de Patrimonio, como es el caso de Madrid, que fue pionera en condonarlo al 100%; Andalucía, que siguió sus pasos el año pasado; o Galicia, que lo hace al 50%. Las tres regiones están gobernadas por el PP, que ha hecho bandera de las rebajas fiscales y se ha opuesto frontalmente a la armonización fiscal autonómica promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
De hecho, el 89% de todos los ingresos del nuevo impuesto, un total de 555 millones, proceden de la Comunidad de Madrid, polo empresarial del país que gracias en parte a su atractivo fiscal ha terminado por concentrar al 85% de los declarantes del nuevo tributo, un total de 10.302 contribuyentes.
Les siguen en importancia los grandes patrimonios de Andalucía, que aporta 865 declarantes (el 7,2%), quienes han abonado 29,7 millones (4,76%); y las fortunas de Galicia: 91 personas (0,76%), con una cuota abonada de 9,8 millones (1,57%). Las tres comunidades suman más del 95% de los contribuyentes y de la recaudación.
El nuevo impuesto solidario a las grandes fortunas es de aplicación a patrimonios de más de tres millones de euros, descontando 700.000 euros (US$746.711) exentos para los residentes y hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual, lo que hace que, en la práctica, lo acaben pagando aquellas fortunas de más de cuatro millones que no hayan tributado por Patrimonio.
Los tipos del gravamen parten del 0% hasta los 3 millones de euros (US$3,2 millones); pasan al 1,7%de ahí a los 5,34 millones (US$5,3 millones) de base liquidable; el 2,1% desde esa cifra a 10,69 millones y el 3,5% en adelante.
El impuesto, creado como enmienda a los tributos a banca y petroleras, busca sufragar parte de las medidas anticrisis del Gobierno y estará vigente dos años para la posterior evaluación sobre su futuro. Ha sido recurrido por regiones como Madrid, que ayer abrió una segunda vía judicial.
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