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Nicolas Maduro, líder de Venezuela
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Nicolás Maduro firmó el martes el decreto invocando artículos de la Constitución que le permiten decretar estados de excepción
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves un decreto de estado de emergencia económica que presentó esta semana el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, en respuesta a las sanciones y los aranceles impuestos por Estados Unidos.
El Gobierno de Donald Trump comenzó en marzo a suspender las autorizaciones a las petroleras extranjeras que operan con la estatal venezolana Pdvsa y castigó con aranceles secundarios las exportaciones de crudo y gas.
Maduro firmó el martes el decreto invocando artículos de la Constitución que le permiten decretar estados de excepción, restringir temporalmente las garantías constitucionales o declarar el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas o acontecimientos que pongan seriamente en peligro la seguridad del país.
El decreto de emergencia "es para acompañar la producción nacional", dijo la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, durante la presentación del documento.
"Los mercados de petróleo impactados y afectados, la caída de los precios del petróleo ya supera, en el caso de nuestro medidor, más del 30% (...) y esto, como decimos nosotros, apenas empieza", afirmó Rodríguez, que aclaró que la producción petrolera y gasífera de Venezuela se mantiene.
Rodríguez agregó que las transnacionales petroleras son bienvenidas a trabajar en Venezuela, conforme a las leyes locales.
Estados Unidos ha dado un plazo hasta el 27 de mayo para que las petroleras que operan en Venezuela, entre ellas a la estadounidense Chevron CVX.N , la italiana Eni ENI.MI y la española Repsol REP.MC, liquiden sus operaciones y exportaciones.
El decreto faculta a Maduro a dictar las medidas que considere necesarias para garantizar el crecimiento económico, contener la inflación, así como ofrecer un tratamiento especial a los inversionistas, suspender impuestos o la aplicación de excepciones tributos y establecer mecanismos de sustitución de importaciones, entre otras.
Maduro y su Gobierno siempre han rechazado las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, argumentando que son medidas ilegítimas que constituyen una "guerra económica" diseñada para paralizar a Venezuela.
El mandatario y sus aliados han celebrado lo que, según ellos, es la resiliencia del país a pesar de las medidas, aunque históricamente han atribuido algunas dificultades económicas y escasez a las sanciones.
No es la primera vez que Maduro gobierna bajo un decreto de emergencia. En 2016 firmó uno similar, que fue extendido hasta 2021 bajo el argumento de la imposición de sanciones a Venezuela por parte de Washington.
Con la aprobación de la Asamblea, el decreto debe ser enviado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
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