MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Guterres, de 72 años, fue primer ministro de Portugal de 1995 a 2002 y jefe de la agencia de la ONU para refugiados de 2005 a 2015
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue designado el viernes para un segundo mandato de cinco años por la Asamblea General, de 193 miembros.
"Haré todo lo que esté en mis manos para asegurar el florecimiento de la confianza entre las naciones grandes y pequeñas, para construir puentes y (...) afianzar la confianza", dijo Guterres a la Asamblea General después de prestar juramento.
El Consejo de Seguridad de 15 miembros recomendó que la Asamblea General volviera a nombrar a Guterres. Su segundo mandato comienza el 1 de enero de 2022.
Guterres sucedió a Ban Ki-moon en enero de 2017, pocas semanas antes de que Donald Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos. Gran parte del primer mandato de Guterres se centró en aplacar al republicano, quien cuestionó el valor de la ONU y el multilateralismo.
Estados Unidos es el mayor contribuyente financiero de la ONU, responsable de 22% del presupuesto regular y alrededor de una cuarta parte del presupuesto de mantenimiento de la paz. El presidente Joe Biden, quien asumió en enero, ha comenzado a restaurar los fondos recortados por Trump a las agencias de la ONU y ha vuelto a comprometerse con el organismo.
Guterres, de 72 años, fue primer ministro de Portugal de 1995 a 2002 y jefe de la agencia de la ONU para los refugiados de 2005 a 2015.
Cuando tomó las riendas de la ONU, el organismo buscaba poner fin a las guerras y hacer frente a las crisis humanitarias en Siria y Yemen. Esos conflictos siguen sin resolverse y Guterres también se enfrenta ahora a emergencias en Myanmar y la región de Tigray en Etiopía.
Solo en intereses, las naciones en desarrollo pagaron US$415.000 millones, recursos que dejaron de destinarse a servicios esenciales como educación, salud primaria o infraestructura básica
El índice califica el riesgo político en una escala de 0 a 100, donde 100 representa el riesgo máximo y el peligro inminente de colapso
Los niveles de empleo se mantuvieron prácticamente sin cambios, como consecuencia de la reticencia de las empresas a contratar
